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Caso testigo

Quizás con una simple demostración podamos hacer que esa situación resulte fácilmente entendible. Tomemos para el caso un productor agropecuario que al comenzar el año 2002 tenía 100 novillos a $370 cada uno, es decir una existencia inicial de $37.000. Durante todo el período, no compró, no vendió ni tuvo mortandad, con lo que llegó a diciembre de ese año, con las mismas 100 cabezas, pero a un valor de plaza muy superior de $970 por animal, o sea un valor de existencias finales de $97.000. El criterio de valuación le propinó una ganancia sujeta a impuesto de $60.000 lo que le significaron $21.000 de impuesto, equivalente a 22 cabezas, que para poder pagarlo debió venderlas. Es decir que para cancelar el impuesto debió liquidar el 22 por ciento de su capital.

Domingo 25 de Enero de 2009

Quizás con una simple demostración podamos hacer que esa situación resulte fácilmente entendible. Tomemos para el caso un productor agropecuario que al comenzar el año 2002 tenía 100 novillos a $370 cada uno, es decir una existencia inicial de $37.000. Durante todo el período, no compró, no vendió ni tuvo mortandad, con lo que llegó a diciembre de ese año, con las mismas 100 cabezas, pero a un valor de plaza muy superior de $970 por animal, o sea un valor de existencias finales de $97.000. El criterio de valuación le propinó una ganancia sujeta a impuesto de $60.000 lo que le significaron $21.000 de impuesto, equivalente a 22 cabezas, que para poder pagarlo debió venderlas. Es decir que para cancelar el impuesto debió liquidar el 22 por ciento de su capital.

El Estado no aceptó la aplicación del mecanismo previsto en el título VI de la ley del impuesto que permitía compensar utilidades inflacionarias, con una corrección en el método de determinación del resultado impositivo. Lo cierto es que si bien ese título VI se encuentra intacto dentro del cuerpo legal del impuesto, no tiene aplicación porque la ley 24.073 prohibía todo tipo de actualizaciones. A esta altura es bueno recordar que su sanción se produjo en los tiempos de la convertibilidad, que durante 10 años mantuvo anclado el valor del peso argentino.

Pero lo notable es que esta última norma caducó en enero de 2002 cuando el país entró en default, y si bien la ley de emergencia económica eliminó la paridad cambiaria desatando inflación, el Ejecutivo mantuvo inexplicablemente la prohibición de realizar actualizaciones para la determinación de los resultados fiscales, no sólo por los términos de aquella ley 24.073, sino también por la propia ley de emergencia que impedía todo tipo de ajuste y repotenciación de deudas.

Durante todos estos años quedó la sensación de que los pronunciamientos judiciales, lentamente estarían dándole la razón a los contribuyentes afectados y es muy probable que pronto puedan expedirse a su favor, máxime cuando el último 31 de diciembre venció el plazo para poder accionar para reclamar el impuesto pagado en exceso por el año 2002, a través de un recurso de repetición ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

Es evidente que en materia fiscal siempre se transita por el sendero sinuoso de la arbitrariedad y la inflación fue y será un factor desequilibrante en cuanto al pago de los impuestos, pero la balanza no es ecuánime, porque para otros tributos como el caso de bienes personales, las sociedades se vieron obligadas a liquidar el impuesto como responsables sustitutos de sus titulares, calculándolo sobre el patrimonio neto ajustado por inflación.

Si ahora se permitiera la utilización del aludido título VI, sus efectos quedarían desvirtuados por cuanto los índices publicados están muy lejos de los que surgen de la realidad económico-social, es decir la inflación de bolsillo. Pero quedan por resolverse muchos otros temas, como por ejemplo la corrección de mecanismos y parámetros desactualizados por el transcurso del tiempo y la evolución de los precios, y así como se ha llegado a la conclusión de que la inflación real existe, y que por ello se han ajustado remuneraciones conforme a variaciones reales, también se corrigieron valores referidos al propio impuesto como fueron los aumentos de mínimos y deducciones. La eliminación de la tablita es otra muestra de eso.

En ese esquema deberían adecuarse a la realidad los mínimos y deducciones por familiares a cargo porque datan de convertibilidad, analizar la reducción del impuesto cuando las utilidades sean reinvertidas o no distribuidas, porque así se despejaría el fantasma de tener que tributar sobre ganancias que no son tales, lo que favorecería el reequipamiento y la autofinanciación.

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