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Caso Boudou: El gobierno confirmó que se extraviaron documentos oficiales sobre Ciccone

El ministro de Justicia, Julio Alak, confirmó ayer el extravío al tiempo que aclaró sin embargo que los expedientes con datos de la imprenta fueron reconstruidos.

Martes 21 de Octubre de 2014

El ministro de Justicia, Julio Alak, confirmó ayer el extravío de documentos oficiales sobre la ex Ciccone Calcográfica y su sociedad controlante The Old Fund que estaban en la Inspección General de Justicia (IGJ), que podrían comprometer al vicepresidente Amado Boudou, pero aseguró que fueron "reconstruidos", aunque admitió que en los tres poderes del Estado se "suelen sustraer" archivos.

"En todos los poderes, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, suele extraviarse documentación o suelen sustraerla, lamentablemente", reconoció el funcionario, al tiempo que puntualizó que "en este caso, la ventaja fue que el expediente", perdido en una oficina que depende de su cartera, "estaba digitalizado".

El ministro aseguró que "se labraron las actuaciones sumariales correspondientes para establecer las responsabilidades administrativas que hubiera en los funcionarios de la Inspección General de Justicia" por la pérdida de esa documentación.

Enfatizó asimismo que cuando "la Justicia ha reclamado la información, ha sido entregada", pero admitió que "lo que pueden faltar son antecedentes que no son de la administración pública".

Por su parte, el titular de la IGJ, Martín Cormick, sostuvo que el organismo "cumplió con todos los requerimientos administrativos para la reconstrucción" del expediente de la firma The Old Fund", y resaltó que "instruyó los sumarios correspondientes para determinar las responsabilidades por el extravío de ese archivo".

En tanto, el secretario de Justicia, Julián Alvarez, negó que el ministro esté imputado en una causa penal por el extravío de los documentos oficiales y afirmó que "es falso" que el titular de la cartera de Justicia no haya radicado una denuncia sobre la falta de esos archivos porque, remarcó, "hizo un sumario administrativo".

De todos modos, reconoció que durante 2011 "tres expedientes" referidos a la ex Ciccone Calcográfica que estaban en la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia, "desaparecieron" aunque destacó que luego "se encontró uno mal encasillado y dos se reconstruyeron".

Los documentos "están totalmente reconstruidos porque se extravió el soporte papel pero estaba digitalizados en soporte magnético", aclaró, y aseguró que "éso ya está presentado" en la Justicia federal.

En sintonía con Alak, Alvarez buscó también restar importancia al tema al comentar que —al igual que lo ocurrido en la IGJ— "en cualquier juzgado pasa que hay expedientes que se extravían" y que luego "se reconstruyen".

A través de un comunicado, el titular de la IGJ advirtió que "las autoridades" del organismo "dieron intervención a la Justicia acerca del extravío y la reconstrucción del expediente, que contiene todos los elementos registrales pertinentes" y destacó que "se inició en tiempo y forma el sumario correspondiente para establecer la responsabilidad administrativa de los funcionarios actuantes".

Esto ocurrió, se consignó, durante la gestión de Marcelo Mamberti al frente de la IGJ y de Silvina Martínez como titular del Registro Nacionales de Sociedades.

Aclaró que la diferencia de volumen entre el archivo original y el que resultó de la reconstrucción "se explica en que el nuevo expediente contiene toda la documentación registral inscripta originalmente, no siendo necesaria, tal como manda la normativa vigente, la inclusión de la documentación preparatoria".

Echegaray: “La presidenta no es socia de Lázaro Baez”

El titular de la Afip, Ricardo Echegaray, afirmó ayer que “la presidenta de la Nación (Cristina Fernández) no es socia del empresario Lázaro Báez”, durante una conferencia de prensa en la cual se refirió a la emisión facturas apócrifas.

Echegaray afirmó que este tipo de facturas “nacen de necesidades del sector privado, son usufructuadas por el sector privado y terminan en el sector privado”.

Tras una investigación que según el diario La Nación involucraría a Báez, el funcionario señaló que “a este sistema algunos lo utilizan para ajustar Ganancias” y anunció que existen “unas 750 causas penales por facturas apócrifas”. Echegaray reconoció que se fiscaliza a la compañía Austral Construcciones como “receptora” de facturas apócrifas. “Quiero remarcar, porque no sé si es con intencionalidad, por defecto de información o falta de conocimiento técnico profesional, que la presidenta Cristina Fernández no es socia de Lázaro Báez”, sostuvo.

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