El juez de Instrucción Osvaldo Barbero, a cargo de la investigación del crimen de Abel Beroiz, resolvió que el ex número dos del Sindicato de los Camioneros de la provincia Raúl Luna continúe en prisión. Consideró que, en caso de estar en libertad y frente a los indicios que lo colocan el papel de instigador del homicidio, podría llegar a evadirse o entorpecer la pesquisa y en desigualdad de condiciones con el resto de los imputados en la causa. Idéntica resolución adoptó con referencia a Mario López, un empleado del mismo gremio y colaborador de Luna, y con Alejandro Lázaro, un dirigente de la filial San Lorenzo sospechado de integrar la trama del homicidio.

De esa forma el juez no siguió lo que había observado el fiscal Eduardo Valdez Tietjen, quien entendía que la libertad de Luna no constituía "peligrosidad procesal" y por lo tanto había sugerido que podía estar en libertad, pero cumpliendo con algunas restricciones. Los abogados de Luna, Froilán Ravena y Germán Mahieu, presentaron una apelación ante la Cámara Penal para que la resolución de Barbero en ese punto sea revisada. "A pesar de tener la opinión favorable del fiscal, el juez en un completo y total exceso de jurisdicción resolvió arbitrariamente denegar la excarcelación. Por eso plantemos un incidente ante la Cámara", remarcó Ravena.

Llamadas cruzadas. Luna, quien al momento de producirse el crimen era número dos de Beroiz en Santa Fe, está detenido desde el 25 de agosto pasado luego de que una pericia telefónica lo hiciera aparecer en contacto con Luis Gerez, un gestor de trámite al parecer ajeno al sindicato, que está preso y procesado como supuesto instigador del asesinato. Eso ocurrió el 27 de noviembre de 2007 cuando la víctima fue apuñalada y baleada en la cochera subterránea del ACA, en la plaza Montenegro.

Raúl Oscar Flores está procesado como autor material confeso, mientras que Juan Carlos Dell’Arciprette y Alejandro Lázaro como instigadores. Gerez está acusado de ser el nexo entre la pata sindical del plan y el sicario. Según la investigación, el crimen tuvo como telón de fondo una interna sindical que buscaba mejorar la posición de Luna en el gremio.

Negación. Son cinco las comunicaciones entre un celular de Gerez y el teléfono móvil que el gremio tenía asignado a Luna, quien en aquella época ocupaba el cargo de secretario adjunto, es decir el segundo en jerarquía. Esos contactos se realizaron meses antes del hecho. Luna siempre negó conocer a Gerez y declaró en su indagatoria que ese aparato era de uso compartido con otras personas.

Este punto concreto fue rebatido por Ileana Beroiz, hermana del dirigente asesinado. "Mintió cuando dijo que ese teléfono era del sindicato. La primera vez que fue a declarar al juzgado le pidieron que dejara un número telefónico donde lo pudieran ubicar y dio ese mismo. Es decir, aquella vez manifestó que era suyo, particular, y después cuando lo indagaron cambió y sostuvo era que era del sindicato".

Enbarrar la cancha. En base a esas pruebas en su contra, Luna y Mario López, un empleado del sindicato que trabajaba para él, fueron citados a indagatoria por el juez Barbero. Tras esa medida, el magistrado dispuso que queden detenidos. Al desestimar la opinión del fiscal, quien había opinado que ambos podían esperar en libertad la realización del juicio, el magistrado entendió que al dejarlos libres "los colocaría en una situación de desigualdad con el resto de los acusados que está acusados por los mismos delitos", según indicó una fuente de la causa.

También consideró que Luna en libertad sería un factor de "peligrosidad procesal", es decir que podría evadirse o entorpecer de alguna forma la investigación.