Los vehículos sin chapa patente no podrán cargar combustible si prospera un proyecto de ordenanza en tal sentido con la vista puesta en la generación de herramientas que contribuyan a al control y prevención de conductas ilícitas.
Los vehículos sin chapa patente no podrán cargar combustible si prospera un proyecto de ordenanza en tal sentido con la vista puesta en la generación de herramientas que contribuyan a al control y prevención de conductas ilícitas.
La iniciativa impulsada por los ediles radicales Mauricio Plancich y Pablo Zanetti está siendo estudiada en comisión y promete un profundo debate ante de tomarse un decisión al respecto.
De prosperar, la normativa prevé multas económicas para los infractores que parten desde las 200 unidades fijas —cada una equivalente a un litro de nata especial— y cuyo valor será duplicada en base a la cantidad de reincidencias. Si bien las medidas que apuntan a mayores controles suelen encontrar eco a nivel social, la propuesta en cuestión no deja de ser polémica.
Si bien una franja de la sociedad considera la iniciativa como un aporte en beneficio de la seguridad general hay quienes sostienen que será de difícil aplicación para los expenderos.
"No somos policía para verificar si los vehículos que vienen a cargar combustible tienen o no patente", coincidieron en señalar empleados de estaciones de servicios consultados por La Capital. De todas maneras no todos coinciden con la apreciación y aseguran que "no tendría por qué haber problemas ya que, de resultar aprobada la ordenanza, los conductores sabrán de antemano que no van a poder cargar combustible si su auto no tiene patente como ocurre actualmente con los vehículos a gas que tienen la oblea vencida".
La proyectada normativa exime a los vehículos automotores que cuentan con dominio provisorio teniendo en trámite su patentamiento o los vehículos utilizados por entidades estatales debidamente acreditadas.
El proyecto surgió ante la necesidad de revertir la problemática de la "cantidad de vehículos que se divisan en las calles sin patentamiento". Y para ello se apuntó a "impedir libremente" su circulación tomando como parámetros dos condiciones: la falta de documentación y la posibilidad que tal vehículo sea fruto de un ilícito o de dudosa procedencia.
Entre otros fundamentos, se sostiene que "desde el Concejo debemos crear una herramienta para evitar la circulación de vehículos al margen de la ley". Y se resalta que "solamente se permita expender combustible a aquellos que acrediten que pertenecen a la fuerza policial o alguna agrupación estatal. Al impedir cargar combustible, tales unidades quedarán fuera de circulación y hará dentro de lo posible que se eviten accidentes o ilícitos".