El estado de inseguridad que vive nuestro país tiene montones de diagnósticos. Todos pueden tener razón pero estoy seguro que ninguno pasa por el estado de ánimo o psicológico de los integrantes de controlar esa inseguridad, la fuerza policial. Cuando un integrante de la policía tiene que resolver una situación en 30 segundos –donde depende la vida de los ciudadanos, de los delincuentes y su propia vida– esa situación que fue planificada con varios días de anticipación y por varias personas se le presentan instantáneamente todos los factores que jugarán en su contra de salir mal su proceder, aunque esa no fuera su intención: el fiscal, el juez, los derechos humanos, el abogado que lo defenderá si fuera necesario, la interrupción del cobro de sus haberes, la interrupción de su carrera profesional. A todos estos factores se le suma su estado psicológico y anímico dentro del contexto familiar que como la mayoría de los asalariados del país no gozan de una retribución acorde a la necesidad de un grupo familiar. A todo estos factores agreguémosle el estado práctico de su arma reglamentaria: calidad de proyectiles (¿en buen estado?, ¿obsoletos?); cantidad de proyectiles (¿se lo provee el Estado, se los debe comprar el empleado policial?); chalecos antibalas (¿son reglamentarios?); vehículos (¿están en estado de uso?). Todas estas preguntas deberían contestarla los funcionarios del Estado, en todas sus instancias.

Hugo Gargarella,
carvi73@hotmail.com