¿Qué hacía un agente policial, auxiliar de la Justicia, custodiando un lugar ilegal y sin habilitación alguna? La pregunta conduce directamente a pensar en una cadena de complicidades de la cual Emanuel Dal Mastro era un pequeñísimo engranaje. En este sentido, son muchas las autoridades (civiles y policiales) cuyos discursos no hacen más que ocultar la realidad y ahora deberán dar respuestas. Ya no a la comunidad, sino a la pareja y al hijo del agente asesinado.

Es que las casas de citas, nombre fino de los prostíbulos cuyos domicilios y teléfonos abundan en medios de comunicación y páginas de internet, están prohibidas por leyes nacionales y provinciales. Incluso funcionarios de la Municipalidad apoyados en esas normas aseguraron ayer que no hay posibilidad alguna de habilitar esas casas. Sin embargo, un agente policial vestido de civil cuidaba el lugar y a las chicas que allí trabajan, las cuales pueden estar por propia voluntad o ser víctimas de algún proxeneta.

¿Por qué lo hacía? Seguramente que Dal Mastro no estaba allí por decisión propia, aunque los 100 pesos que se llevaba por cada noche de trabajo le permitían engrosar su magro sueldo. Y, en ese sentido, parece ingenuo pensar que el muchacho decidió hacer ese servicio sólo por necesidad. Alguien lo mandó, le dijo qué tenía que hacer, cuánto iba a cobrar y cómo debía actuar. Y quien lo mandó lo hizo para brindar protección a un lugar que, a cambio de no ser molestado en su actividad ajena a la ley, colabora mensualmente con la caja negra manejada por quienes deberían cerrar sus puertas. Es decir, los mismos que en sus discursos oficiales manifiestan desconocer esa realidad.