La investigación judicial por la resonante denuncia sobre recaudación ilegal de la policía rosarina motivó ayer una batería de allanamientos, que abarcaron varios de los despachos más encumbrados de la Jefatura y los domicilios particulares de un par de oficiales superiores. Las requisas incluyeron las casas de cinco policías, entre ellos los secretarios particulares de los números dos y tres en el máximo escalafón de la cúpula local, e incluso la del oficial que hizo la presentación que destapó el escándalo.

En los allanamientos, según fuentes de la causa, se incautó documental diversa que se puso a disposición del juez de Instrucción Nº 13, Osvaldo Barbero, quien ordenó los operativos. Entre el material decomisado se encuentran archivos en papel, información almacenada en computadoras personales y teléfonos celulares. Todos las actuaciones fueron registradas en video. El Ministerio de Seguridad no informó de la remoción de ningún policía a raíz de estos operativos.

Mañana de acción. Cuatro decenas de empleados de la Dirección Provincial de Asuntos Internos de la policía iniciaron a las 9.30 la secuencia de nueve operativos simultáneos. Al menos tres de esas brigadas se dirigieron a la sede de la Unidad Regional II, en Ovidio Lagos 5250. Allí fueron inspeccionados los despachos del actual subjefe de la fuerza, comisario mayor Miguel Angel Rodríguez, y del anterior jefe de Orden Público, comisario inspector David Benavente, separado de su cargo hace diez días.

Estos dos oficiales fueron señalados en la Justicia por el oficial auxiliar Juan José Raffo, ex secretario privado del jefe de la Inspección Tercera Zona, como supuestos organizadores del cobro de dinero sucio de parte de las comisarías de la departamental y de distintas actividades ilegales toleradas a cambio de pagos periódicos.

Los efectivos de Asuntos Internos también allanaron los domicilios particulares de Rodríguez y Benavente. También la vivienda de la madre de este último oficial.

Otras direcciones visitadas fueron las viviendas del cabo Facundo Lencina, secretario privado de Rodríguez, y del oficial Gabriel Bahl, que cumplía la misma función para Benavente.

Fue registrada además la sede de la Inspección Tercera Zona, situada en los altos de la comisaría 4ª, en La Paz 450. Allí se desempeñó Raffo como secretario privado hasta el inicio de este mes, cuando fue desplazado, lo que detonó posteriormente su denuncia judicial sobre las cajas negras. La vivienda particular de Raffo también fue inspeccionada.

A examen. Fuentes cercanas a la causa judicial señalaron que tras el aseguramiento de la prueba se inicia ahora la etapa de pericia sobre todo el material compilado. Los operativos se circunscribieron a las personas señaladas en la denuncia de Raffo.

El hecho de que los allanamientos se produzcan a casi un mes de asentada la denuncia generó la idea de que la cosecha de evidencia puede ser pobre. En Tribunales lo relativizaban afirmando que lo incautado implica una prueba más entre otras cauteladas y, sobre todo, que Raffo hizo pública su denuncia sobre la recaudación ilícita por los medios. "De ahí la falta de urgencia: el denunciante se encargó de que todos supieran lo que se proponía hacer. El que quiso cuidarse pudo haberlo hecho incluso antes de que el caso llegara a la Justicia: tanto los presuntos recaudadores, como quienes pagan, como los que administran los supuestos montos", expresó un portavoz judicial.

Raffo denunció que fue convocado para ser cobrador de las máxima jerarquía de la Unidad Regional II y que le proporcionaron una lista —que incluyó en su denuncia— de los montos usuales que se recaudaban en las comisarías y a los distintos pagadores del circuito ilegal.

Adujo que al negarse a cumplir esa tarea Benavente lo insultó y le dijo que sufriría represalias que , según dijo, creyó realizadas cuando lo relevaron de Inspección Tercera. Raffo señaló además que al involucrar a Jonathan Camino, hijo de Roberto Pimpi Camino, en un homicidio en Tablada —el de Sebastián Galimany— el subjefe de la Unidad Regional II le dijo que por esa actuación le había hecho perder 50 mil pesos.

El oficial denunciante fue pasado a disponibilidad el año pasado acusado del robo de una puerta de una pensión que tramita en un juzgado de Instrucción. Asuntos Internos lo sospechaba por vínculos con la barra brava de Newell's durante la supremacía allí del ahora fugitivo Pimpi Camino. En su defensa, Raffo dice que esas imputaciones son infundadas y que se mencionan ahora para desacreditar su denuncia sobre cajas negras.