Cadena perpetua y cárcel común

En un juicio considerado “histórico”, el primero en Rosario por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, el Tribunal Oral Federal Nº1 aplicó la máxima pena —perpetua, de cumplimiento en cárcel común— a los cinco represores sentados en el banquillo: el ex teniente coronel Pascual Guerrieri, el ex mayor Jorge Fariña, el ex teniente Daniel Amelong y a los ex agentes civiles Walter Pagano y Eduardo Costanzo.

Los condenados actuaron los centros clandestinos Quinta de Funes, La Calamita, Escuela Magnasco, La Intermedia y la Fábrica Militar Domingo Matheu, donde perpetraron privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y homicidios contra 28 víctimas, 16 de las cuales fueron asesinadas.

La causa —unificada bajo la carátula “Guerrieri-Amelong”, comenzó en agosto de 2009, se suspendió a fines de diciembre y continuó desde el 2 de febrero.

El tribunal, integrado por los jueces Otmar Paulucci, Jorge Venegas Echagüe y Beatriz Caballero de Varaban, calificó a los delitos como de lesa humanidad y consideró como agravante que las víctimas hayan “perseguidos políticos”.

Larga vigilia. El fallo fue esperado con gran expectativa por una multitud que se movilizó frente al Palacio de los Tribunales Federales de bulevar Oroño desde la noche del miércoles. Miles de personas, entre ellas querellantes, Madres y Abuelas de Plaza 25 de Mayo, integrantes de las agrupaciones APDH, MEDH, Hijos y un conjunto de entidades sociales, gremiales, estudiantes y partidos de izquierda, siguieron en la calle la lectura del veredicto (transmitido por altoparlantes y pantallas de TV) y estallaron de satisfacción cuando escucharon al presidente del tribunal pronunciar cinco veces la palabra “perpetua”.

“Este fallo es histórico y ejemplar para el país; es producto de la lucha de miles de argentinos que nunca bajaron los brazos”, aseguraron emocionados muchos de los familiares de las víctimas.

Por lo pequeño de la sala, sólo estuvieron en el recinto los acusados con sus abogados, querellantes, algunos familiares de las víctimas, el intendente Miguel Lifschitz y el secretario de Derechos Humanos nacional, Eduardo Luis Duhalde, entre otros.

Duhalde destacó que “Rosario vivió hoy una jornada histórica con un fallo ejemplar, gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos santafesino, Héctor Superti, quien participó de la lectura del fallo, consideró un la causa Guerrieri-Amelong “es un avance en la mejora de la calidad institucional, en resolver el pasado con verdad y justicia, y superar la impunidad”.

“Se trató de un hecho histórico, que marca un rumbo para que quienes hayan sido responsables de hechos aberrantes sean castigados, y para que el «Nunca más» se haga realidad”, agregó.
En la causa “Guerrieri” se investigaron los crímenes de Fernando Dussex, Eduardo José Toniolli, Jorge Horacio Novillo, Miguel Angel Tosetti y otras 10 personas.

En el caso “Amelong”, los condenados (ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121) respondieron por los homicidios de Ariel Morandi y Susana Miranda y casos de privación ilegal de la libertad donde fueron víctimas Adriana Arce, Ramón Verón, Juan Antonio Rivero, Olga Regina Moyano y Hilda Cardozo.

El 14 de junio se leerán los fundamentos de las condenas.

Vincha

La lectura del fallo se interrumpió cuando, tras conocer su condena, Amelong se ató una vincha con la inscripción “preso político”. El público comenzó a abuchear y el presidente del tribunal le ordenó que se la quitara ya que, si no, lo desalojaría de la sala. Amelong persistió y fue retirado por la policía. No fue la primera vez, en una audiencia previa, usó una vincha que decía “legalidad”.