Cada año, la provincia desadjudica alrededor de 200 viviendas sociales

Alrededor de 200 adjudicaciones de viviendas sociales son dadas de baja por irregularidades a nivel provincial, principalmente porque los beneficiarios no las ocupan o las ponen en venta o en alquiler, lo cual está prohibido para estos casos por la normativa vigente.

La cantidad de moradas recuperadas se suma de esta manera a las 1.500 a 2.000 que se entregan anualmente, y una vez que el Estado toma posesión de las propiedades, las vuelve a ceder a los aspirantes suplentes que se anotaron oportunamente para acceder a la casa propia, o bien se destinan para familias en riesgo social.

El director provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU), Pablo Abalos, informó que desde la repartición a su cargo se realizan periódicamente visitas a las unidades adjudicadas, con el fin de verificar el cumplimiento del reglamento de ocupación y uso que regulan los programas habitacionales.

Los controles "normalmente se realizan a partir de denuncias realizadas desde los municipios y comunas, y en ocasiones radicadas a su vez por los propios vecinos de los barrios sociales, que detectan que una casa está deshabitada o que sus dueños cometieron alguna falta en el modo de ocupación, como algún acto delictivo", indicó el funcionario.

En caso de incumplimiento de las condiciones para utilizar la casa, el grupo beneficiario se expone a posibles sanciones, incluso llegando a la desadjudicación. Lo mismo para aquellos casos en donde se comprueba una maniobra especulativa del inmueble, como pueden ser la venta o alquiler".

Así, todas las semanas, equipos territoriales de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo recorren la provincia constatando el efectivo cumplimiento de la normativa vigente. Si existiera algún incumplimiento, se inicia un proceso que puede culminar en la baja del beneficio y el recupero de las unidades por parte del gobierno, para su nueva adjudicación.

Especulación. "El objetivo primordial del Estado en política de viviendas es facilitar el acceso de familias a un techo propio, apuntando hacia aquellos sectores que de otro modo no tendrían esa posibilidad. Por eso, una vez inaugurado un barrio, se exige la ocupación inmediata de las unidades", explicó el funcionario. De allí en más, las malas maniobras de los adjudicatarios "generalmente tienen que ver con estrategias especulativas", señaló Abalos, e indicó que la mitad de estos casos se da en las ciudades de Rosario y Santa Fe.

En cuanto a los adjudicatarios que no pagan la cuota mensual del costo de sus vivienda, el director provincial indicó que "en su mayoría se trata de famlias que nos las están ocupando. En cambio, para los que sí las habitan, se pauta con ellos una visita, y luego de establecer los motivos del retraso, se evalúa la mejor forma de regularizar la situación" a través de las posibilidades de pago, reconversión o refinanciación de la deuda, o se cambia la figura del contrato, como de comodato.

"Es importante recordar que las viviendas sociales asisten a quienes necesitan habitarlas, y el tema se debe abordar con la seriedad que merece: tiene que representar para los adjudicatarios una ocupación responsable y el cuidado de la casa", remarcó Abalos. "Es muy importante que ante cualquier situación donde se ofrezca tanto la venta de una vivienda social o bien alguna facilidad para acceder a una casa del Estado, se realice la denuncia correspondiente para iniciar las actuaciones correspondientes", afirmaron desde la Secretaría de Estado del Hábitat.

Sobre la modalidad para la asignación de viviendas, desde la Casa Gris recordaron que la única vía para acceder es a través de la inscripción en los registros oficiales, padrones que luego se someten a sorteos públicos. "Existe el Registro nico de Inscripción Permanente (Ruip), el cual es administrado por la DPVyU, donde se inscriben todos los interesados en acceder a una unidad habitacional, quienes brindan una serie de datos a modo de declaración jurada", explicaron.

Una vez que algún plan habitacional está pronto a finalizarse, se determina su asignación por medio de un sorteo público a través de la Lotería provincial, que se emite por la página web del gobierno. Luego los padrones de titulares y suplentes quedan registrados en internet y en las oficinas de la Dirección.

Requisitos. Para inscribirse en el Ruip los interesados deben constituir un grupo conviviente permanente; residir o trabajar en la localidad de emplazamiento del programa por un determinado tiempo; no haber sido ningún integrante del grupo solicitante adjudicatario de vivienda o beneficario de préstamo para la vivienda propia, otorgado por entidades bancarias oficiales, organismos nacionales, provinciales y/o municipales".

Asimismo, los miembros del grupo conviviente no deben ser propietarios de inmuebles destinados a viviendas, o cuyo valor de plaza sea equivalente al de la unidad que le correspondiere, a excepción de aquellos que se acredite son necesarios para la profesión, arte, oficio o actividad lucrativa del interesado.

Tampoco deben poseer bienes patrimoniales que les posibilite resolver el problema habitacional por otra vía y no deben tener causas pendientes con la justicia penal ni antecedentes.

L. D.

Más cerca de expropiar la Quinta de Funes

La Cámara de Diputados provincial dio media sanción al proyecto que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmbueble conocido como la Quinta de Funes, sobre la ruta Nº 9, considerado emblemático por su utilización como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. El objetivo es que este lugar se convierta en un espacio de recuperación y resguardo de la memoria y la historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado en las décadas del setenta y principios del ochenta.

"Se trata de un acto de restitución simbólica de los nombres y de las tumbas que les fueron negadas a las víctimas y a sus familiares producto de esta metodología utilizada por los genocidas que es la desaparición forzada de personas", afirmó la diputada provincial del Partido SI, Alicia Gutiérrez, autora del proyecto.

Preservación. El proyecto exige que se conserve la edificación existente en su estado actual como una forma de resguardar todos aquellos elementos y estructuras que sirvan como testimonios del pasado reciente. También establece que el Poder Ejecutivo, con participación de los organismos de derechos humanos, se encargue de definir los usos del lugar.

En la Quinta de Funes, el General Leopoldo Galtieri concretó parte de su proyecto político que tenía por objetivo llegar a la Presidencia de la Nación y consistía en detener a la conducción de Montoneros. Para esto mantuvo cautivo y desaparecido allí a un grupo de militantes pertenecientes a esta organización armada.

"Jaime Dri, el único sobreviviente, reconoció en las recorridas el lugar donde estuvo detenido y también describió el resto de la casa donde en una oportunidad mantuvo un diálogo con Galtieri. Además, relató cómo éste y sus subalternos, Daniel Amelong, Jorge Fariña, Eduardo Costanzo, Pascual Guerrieri y otros, visitaban diariamente el campo de concentración", contó la diputada Gutiérrez, quien acompañó a Dri en algunas de las rondas de reconocimiento.

Los datos aportados por Dri, sumados al trabajo de los abogados representantes de las víctimas, fueron fundamentales para lograr las condenas en estas causas durante los juicios de lesa humanidad concretados en Rosario.