Edición Impresa

Buscaglia: "Esta es una provincia muy deseable para la delincuencia organizada"

Eduardo Buscaglia es investigador principal en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia (Nueva York). Trabajó en asesoría de reformas judiciales y prevención del delito.

Domingo 11 de Mayo de 2014

“Hay en la Argentina una clase política pasiva que le está dando entrada al dinero fácil sin conciencia del costo que pagará por eso. Advertimos aquí la conexión de grupos criminales de México, pero también los hay brasileños, peruanos y colombianos”, dice Edgardo Buscaglia, un investigador argentino que asesoró en reformas judiciales y de prevención del delito organizado a varios países del mundo y fue contratado por el gobierno de Santa Fe para evaluar su accionar en el control del delito económico. “Mi rol es ver de qué modo los estados y la sociedad civil adoptan medidas preventivas y punitivas contra las empresas criminales. Lo que vive Santa Fe es efecto de un fenómeno transnacional. Esta es una provincia de infraestructura muy deseable para la delincuencia organizada, con puertos fluviales muy tentadores. Pero el control de puertos y de aduanas lo tiene el Estado nacional. Al gobierno provincial le toca identificar a empresas criminales dentro de su territorio y desmantelarlas, pero el gobierno federal tiene otros roles en pesquisar las medidas de persecución patrimonial y ahí no vemos actividad.”

   — En Rosario se generó inestabilidad política a partir de delitos violentos que tienen un claro trasfondo económico. ¿Cuál es el modo de pararse ante esta crisis?

   — El homicidio, que es el más grave de los delitos, no es la esencia de una empresa criminal. La asociación ilícita mata cuando tiene que matar, pero su finalidad es hacer dinero. Y si la criminalidad organizada llega a controlar todas las áreas de gobierno, como sucede en Rusia, no tiene ya necesidad de matar. Hay 23 tipos de delitos económicos y tenemos identificadas cuatro áreas de política pública que hacen disminuir esos delitos: la aplicación de políticas sociales preventivas, el trabajo judicial orientado a reducir la impunidad, el combate a la corrupción política y el control patrimonial que posibilita que empresas legales vinculadas a los grupos criminales sean decomisadas. Cuando estos cuatro factores concurren, bajan los delitos económicos. En Argentina, a nivel del gobierno nacional, no vemos que se implemente ninguna de esas medidas mientras Santa Fe está adoptando las dos primeras. Habrá que evaluar el impacto final.

   — El gobierno nacional endilga a la provincia haber reaccionado tardíamente ante el delito.

   — La provincia reacciona parcialemente, pero el gobierno federal no implementa con eficacia la ley de lavado de dinero ni coopera con Brasil en la detección de 17 grupos criminales de ese origen que operan en Argentina. No me interesa embanderarme ideológicamente. Sostengo lo que observo. Hay infiltración de grupos criminales en los puertos de Santa Fe. ¿Por qué no actúa el gobierno federal? No adjudico una intencionalidad maliciosa, digo que no ha reaccionado y que no coopera con la provincia en la identificación de empresas legales que operan en importación y exportación ligadas a grupos criminales.

   — El año pasado hubo una serie de homicidios que generó una estrategia para frenar a un grupo delictivo ligado al narcotráfico. Hasta ahora se persiguió a estos grupos sin afectar sus bienes.

   — A veces los grupos locales no son más que franquicias de empresas criminales transnacionales que se constituyen con directorios que operan en sectores legales redituables: construcción, comercio, agro. A través de esas empresas legales se provee infraestructura para que los grupos locales puedan operar. En 2010 reportamos la presencia de la red criminal de Sinaloa en Santa Fe, Chaco y Formosa porque había despachos de inteligencia señalándolo. Esos grupos mexicanos operan con enlaces argentinos. Avanzar sobre el grupo local es desmantelar su franquicia que es la extensión menos importante de la empresa transnacional. Se debe ir a las empresas legales que actúan transnacionalmente importando y exportando, que se pueden identificar mediante cooperación internacional. Y no hablo de la DEA que es pésima. La Policía Federal brasileña identificó empresas de su país operando en Argentina pero el gobierno local no ha reaccionado. Grupos al estilo de Los Monos no tienen una estructura transnacional, pueden tener alianzas con grupos externos para comprar suministros.

   — ¿El poder criminal se infiltró en la economía legal argentina?

   — Claro que sí. Los síntomas de ese proceso es que los reportes de operaciones inusuales y sospechosas de otros países mencionan a empresas argentinas. La Unión Europea reunió decenas de casos al respecto. Argentina es un centro de producción de drogas sintéticas, de distribución de personas que son víctimas de trata, de contrabando. Para que eso pase, quienes intervienen tienen que tener control de empresas o personas jurídicas. No evaluamos si Argentina tiene más corrupción organizada que Francia. Lo que nosotros vemos es si hay reacción del Estado ante eso.

   — ¿Cómo ubica usted la situación de Argentina en relación a otros países de América Latina?

   — La Convención de Palermo de la ONU agrupa las mejores prácticas para combatir la criminalidad organizada: medidas judiciales, de control patrimonial, de previsión social y de combate a la corrupción política. Argentina está entre los tres países latinoamericanos que más viola esa convención. Pero hay recursos humanos y presupuestarios para controlar a la delincuencia económica organizada y no ha llegado a niveles de violencia de 300 personas en una fosa común como en México. Pero va hacia allí si hay vacíos de Estado.

   — ¿Qué son esos vacíos?

   — La ausencia de una institución que debería existir de acuerdo a la Convención de Palermo o la presencia de esa institución aunque paralizada en la práctica, como es en Argentina la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que investiga el lavado de activos. Hoy en Argentina no hay unidades de investigación patrimonial operando en cada provincia y actuando en redes. En los países donde la delincuencia organizada está desatada la primera institución que capturan es la policía. Luego siguen políticos, intendencias, asambleas municipales. Acá tenemos además el problema de que el Estado no controla patrimonialmente quién llega al país y con qué.

   — Usted observó en México cómo el crimen organizado se internó en la política financiando partidos o en las licitaciones públicas. ¿Cómo lo ve aquí?

   — Si nadie controla, esto es algo que yo descuento tiene que estar. La infiltración se da en contrataciones públicas, en construcción de caminos, en obras de infraestructura. En Italia, entre el 20 y el 25 por ciento de ingresos de mafias como la Camorra o la N’dranghetta provienen de licitaciones públicas, de empresas legales que concursan y ganan a través de amenazas a la competencia y a la corrupción pública, sobrecargando cinco o seis veces el precio del asfalto o del cemento. Hay que sacarse de la cabeza que la delincuencia organizada en la Argentina es el narcotráfico. Este tal vez sea el menor problema que tengan. Hoy en día Argentina es un centro internacional de compra-venta de seres humanos, de tráfico de emigrantes y un espacio de negocios legales de la criminalidad económica de otros países como el contrabando.

   — En Argentina, y se lo ve en Santa Fe, la policía termina cogerenciando el delito.

   — A la policía no se le ha prestado atención por muchos años. Se la ha usado para el trabajo sucio de la política y si hay corrupción policial es porque existe corrupción política.

   — Usted alude a la paradoja de la represión. ¿Qué sería?

   — La represión sola no hace sino consolidar los grupos criminales. Si se reprimen más las actividades criminales, pensando en detener a más y más de sus miembros, lo que hacen estos es asignar más dinero para defenderse. Si el Estado persigue a los criminales organizados pero sin quitarle sus casas, sus flujos financieros y sus inversiones, ellos invierten más dinero para corromper y la cadena recomienza con un mayor aumento de la violencia. Esa es la paradoja de la represión. Más soldados, más policía, más corrupción, más violencia. Por tanto, la vía para combatir el crimen económico es tocar la dimensión patrimonial de los grupos delictivos. El gobierno nacional es quien tiene el rol primordial con las acciones preventivas, en un programa de coordinación con las provincias. Si el gobierno federal hace eso todos ganamos.

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario