El jefe de Gabinete del gobierno nacional, Jorge Capitanich, aseguró ayer que por el momento no está previsto enviar una misión a Estados Unidos para negociar con los fondos buitre y reiteró que que se podrían pagar en jurisdicción nacional los bonos que vencen el 30 de junio, en un intento por evitar el default.
Así, el gobierno buscaría, mediante un mecanismo especial, evitar un posible embargo de los 900 millones de dólares correspondientes a títulos discount que vencen a fin de mes. De esa suma, unos 225 millones de pesos deben ser cancelados en jurisdicción estadounidense.
Las alternativas son analizadas por la presidenta Cristina Kirchner con funcionarios de la esfera económica, encabezados por el ministro Axel Kicillof, y en contacto con el equipo jurídico que representa al país ante la Justicia de Nueva York.
Sobre el fallo de la Justicia de Estados Unidos, que dejó sin efecto la medida cautelar que impedía embargar bienes argentinos, Capitanich denunció que con eso se busca "fulminar la reestructuración de deuda más exitosa".
"No hay misión ni comitiva preparada para un eventual viaje a los Estados Unidos", afirmó el funcionario en su diaria conferencia de prensa en Casa de Gobierno.
En la audiencia desarrollada el miércoles ante el juez neoyorkino Thomas Griesa, los abogados de la Argentina comunicaron la posibilidad de enviar una misión la semana próxima para negociar con los fondos buitre.
Eso fue puesto en duda luego de que el Ministerio de Economía emitiera un comunicado en el que acusaba a la Justicia estadounidense de impedir el pago de la deuda que vence a fin de mes debido a que levantó las cautelares que impedían el embargo de esos recursos por parte de los fondos buitres.
De todos modos, todas las declaraciones vertidas respecto del escenario abierto por la Justicia estadounidense dejan abiertos distintos finales. Las acusaciones y amenazas cruzadas en torno de un default técnico, entre el gobierno y el juez Thoma Griesa no excluye el camino de una diplomacia paralela que busca una negociación.
Hay análisis que ubican el énfasis por ocultar las negociaciones en el contexto de una estrategia que apunta a no dejar ninguna huella que, en el futuro, pudiera ser utilizada por los bonistas con títulos reestructurados para reclamar por la cláusula Rufo el mismo pago que aquellos que ganaron el juicio en Nueva York. El objetivo sería conseguir que cualquier supuesto acuerdo salga del juzgado de Griesa, lo que disculparía a la Argentina de cualquier incumplimiento, al menos hasta diciembre, cuando vence.
Quienes sostienen esa línea de razonamiento, subrayan que, a 72 horas de que la sentencia por el millonario resarcimiento quedara firme, los fondos butires no exigieron aún al magistrado que la ejecute el fallo.
El lunes, la Corte de EEUU resolvió no tomar el caso judicial entre Argentina y los fondos buitres y de esa manera habilitó el reclamo de 1.330 millones de dólares en bonos que no entraron al canje.
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Por Leo Graciarena