Algunos están acusados de embolsarse sobornos, otros de delitos electorales o de asociarse para delinquir: conozcan a los hombres que estudiarán el impeachment de la presidenta de Brasil Dilma Rousseff. La primera mujer presidenta del mayor país de Latinoamérica puede ser destituida apenas un año después de comenzar su segundo mandato debido a acusaciones de manejo ilegal de las cuentas públicas. Pero muchos de los políticos que son directamente responsables del destino de Rousseff no tienen exactamente las manos limpias. De los 65 diputados elegidos en polémicas circunstancias el martes para integrar una comisión especial que estudiará el impeachment, un 30 por ciento enfrenta investigaciones penales, según el conteo del portal especializado Congresso em Foco.

El arquitecto de la movida para destituir a Rousseff, el jefe de Diputados Eduardo Cunha, está acusado de recibir hasta 40 millones de dólares en sobornos y de esconder el dinero, que provendría del megafraude a Petrobras, en cuentas en Suiza. Decenas de otros senadores, diputados y autoridades con fueros también están acusados de cometer delitos vinculados a la corrupción en Petrobras.

Tras escenas televisivas de los diputados peleándose a gritos en el Congreso esta semana o la noticia de que la ministra de Agricultura, Katia Abreu, lanzó una copa de vino en la cara del senador y ex candidato presidencial, José Serra, cuando éste la catalogó de "enamoradiza", la idea de cambiar a Rousseff por otro jefe de Estado que haga una limpieza en la política brasileña parece aún más improbable. "No hay un salvador nacional impoluto cabalgando en el horizonte", dijo David Fleischer, politólogo de la Universidad de Brasilia.

"Espectáculo deprimente". La elección de la comisión especial el martes encapsuló el malhumor y los cuestionamientos a la legalidad del impeachment en Brasilia. Diputados pro y anti-Rousseff se empujaron y gritaron durante la votación para formar la comisión, que recomendará si el Congreso debe o no destituir a la mandataria. La Corte Suprema de Brasil intervino horas después para suspender la comisión durante una semana, hasta el día 16, citando irregularidades.

El diario O Estado de Sao Paulo catalogó las escenas de "espectáculo deprimente y escandaloso". "La Cámara se convirtió en un circo. Estamos viviendo una situación degradante y humillante", dijo Julio Delgado, del Partido Socialista de Brasil.

El jueves, otro grupo de diputados se trenzaron a puñetazos mientras eran filmados por la televisión nacional. Esta vez los protagonistas de la pelea eran integrantes del consejo de ética, que ha intentado y fracasado repetidamente en decidir si debe abrir una investigación contra el poderoso Cunha que lo aleje del cargo. Fleischer estimó que un 20 por ciento de los miembros de todo el Congreso enfrentan investigaciones penales, muchos vinculados al escándalo del Petrolao, como le llaman al caso Petrobras.

Entre estos hay figuras clave como el líder del gobernante Partido de los Trabajadores en el Senado, Delcidio do Amaral, e incluso un ex presidente, Fernando Collor de Mello. Collor renunció a la presidencia en 1992, justo antes de ser destituido por el Senado por corrupción. Luego regresó al Congreso al ser electo senador. Para Fleischer, las peleas en el Congreso representan un nuevo punto bajo. "Porque es un consejo de ética, realmente uno no esperaría esto", dijo.

¿Chivo expiatorio? Fleischer dijo que los brasileños son conscientes de "la corrupción generalizada", pero que frente a la recesión y el creciente desempleo Rousseff naturalmente es culpada. "Se vengan en Dilma porque están atravesando una crisis terrible", dijo.

Pero Gabriel Petrus, un consultor político en la firma Barral M Jorge, dijo que el procedimiento de impeachment fue aprobado de manera deliberada para distraer el foco de una clase política asustada por los fiscales del caso Petrobras. "Están transfiriendo la atención de los escándalos políticos a una sola figura, Rousseff, contra quien no hay aún evidencia concreta de corrupción", sostuvo Petrus. "Parece indignante para nuestra democracia".

Al declarar su inocencia frente a los acusadores que sustentan el impeachment, Rousseff se ha referido a Cunha aunque sin mencionarlo específicamente: "No tengo cuentas en el extranjero, nunca he escondido activos del público", nunca fui acusada de robar o de aceptar sobornos.

Sin embargo, los analistas señalan que la presidenta está manchada porque figuras claves del PT y de su círculo íntimo están implicadas en el escándalo. Si Rousseff es destituida tras el por ahora eventual juicio político, su vicepresidente Michel Temer la reemplazaría. "Tiene una hoja limpia, sin acusaciones serias contra él", dijo Fleischer. "Por ahora".

Un diputado independiente presentó el jueves un pedido de impeachment contra Temer por maquillaje de las cuentas públicas, la misma acusación admitida contra Rousseff.

El vicepresidente Temer respondió a través de sus portavoces que cuando asume la presidencia interina de Brasil en la ausencia de Rousseff debe firmar actos de gobierno que expiran, y que no formula la política fiscal de la República del Brasil.

Marchas a favor y en contra de la cuestionada presidenta

Grupos y organizaciones favorables a un juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, convocaron a marchar hoy en varias ciudades del país, en tanto los partidarios del gobierno y centrales sindicales hicieron un llamado para manifestarse el miércoles, cuando la Corte debe definir si continua o no el proceso con miras a un impeachment contra la mandataria y si son legales los pasos que se dieron hasta el momento.

La primera convocatoria fue de la oposición, que a través de grupos que se declaran ajenos a los partidos políticos, llamó a una "gran movilización nacional" para hoy. "Será grande", pero no como las manifestaciones de abril o agosto pasados, cuando millones de personas tomaron las calles en protestas contra la corrupción y la crisis económica del país, dijo Lins, vocero del movimiento Vem pra Rua (Ven a la calle), una de las organizaciones convocantes.

Lins explicó que "no hubo tiempo" de difundir en forma adecuada la convocatoria, porque recién la semana pasada se decidió realizar la protesta, después de que el titular de Diputados, Eduardo Cunha, aceptó iniciar los trámites para el juicio político con miras a la destitución de Rousseff.

Con todo, ese trámite está cuestionado: el juez del Superior Tribunal Federal Luiz Edson Fachin hizo lugar a un recurso del Partido Comunista do Brasil (PcdoB) y frenó el proceso, y el fiscal general de la República, Rodrigo Janot, directamente pidió a la Corte que anule la elección de parte de los integrantes de la comisión especial votada el martes. Lins dijo que ya se confirmaron manifestaciones en 90 ciudades del país, incluidas Brasilia y todas las capitales regionales, lo que le dará un carácter "realmente nacional" a las protestas.

El Movimiento Brasil Libre, otro de los convocantes, sostuvo en una nota divulgada el viernes que "los indignados de Brasil volverán a la calle el domingo (por hoy) para expresar su voluntad de cambio" y "gritar que el fin de las canalladas comienza con la destitución de Rousseff". También afirma que "la presidenta sólo será desalojada del cargo que ha deshonrado por la voz ronca de las calles" y la "fuerza de la resistencia democrática", que será "vista con lupa por diputados, senadores y magistrados del Tribunal Supremo".