El vicepresidente Amado Boudou concurrió ayer a los Tribunales Federales de la Capital Federal y dejó impresas sus huellas dactilares en la causa en la que está procesado por supuesta adulteración de documentación en el registro de un automóvil de su propiedad.
El trámite es un procedimiento habitual que se hace con cada procesado para la debida identificación y para que el registro de reincidencia establezca si existen procesos y condenas anteriores.
El juez Claudio Bonadío había citado a Boudou para ayer, fecha límite para cumplir con esa medida, y el vicepresidente pasó temprano por el edificio de avenida Comodoro Py 2002, donde estuvo menos de media hora cumpliendo el trámite y se retiró.
Trascendió que Boudou tuvo que dejar sus huellas de la manera tradicional, o sea entintándose los dedos, ya que el sistema aún no está digitalizado en los Tribunales locales, y en ese formato solo se encuentra en el Registro Nacional de Reincidencia.
Boudou está procesado por las presuntas irregularidades en la documentación de uno de sus autos, un Honda CRX Del Sol modelo 1992, que un año después fue entregado a una concesionaria de Mar del Plata como parte de un pago por una camioneta.
Allí fue adquirido por Boudou, quien inscribió el auto como propio en 2003, "con un formulario 08 falso que contiene copias de su documento nacional de identidad, con un formulario 04 con su firma verdadera y un domicilio que no era el de él, con un motor que no era el original de fábrica, y sin haber efectuado la obligatoria verificación policial", dijo la Justicia.
Ex pareja. También están procesadas su ex pareja Agustina Seguín y la ex funcionaria del Registro Automotor que denunció el hecho, María Graciela Taboada de Piñero.
La Sala II de la Cámara Federal porteña, a cargo de los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, debe expedirse sobre el procesamiento dictado por Bonadío contra Boudou y las dos mujeres.
El vicepresidente tiene sobre sus hombros otro procesamiento por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho en el marco de la causa Ciccone, que instruye el juez Ariel Lijo y que también está siendo revisado por la Cámara Federal.
Lijo también lo investiga por enriquecimiento ilícito, mientras que su colega Sebastián Casanello tiene en sus manos la causa por el asesoramiento que habría prestado la empresa The Old Fund, a cargo de Alejandro Vandenbroele, a la provincia de Formosa para renegociar su deuda con el Estado nacional cuando el vicepresidente estaba a cargo del Ministerio de Economía de la Nación.
Dádivas. Hay otras causas abiertas contra el vicepresidente: una por la compra directa de 19 autos oficiales de alta gama por parte del Palacio de Hacienda por más de $2,2 millones —a cargo del juez Sergio Torres—, y otra que investiga la figura de "dádivas", en donde se le imputa haber viajado en helicópteros prestados a una semana de asumir su rol en el Ejecutivo.
Se suman además la denuncia que hizo el diputado Claudio Lozano (Unidad Popular) por el supuesto uso de información privilegiada en el canje de deuda pública de 2010, comprando bonos a bajo precio, y otra por la compra de acciones con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad cuando estaba al frente del Ansés.
Frente este escenario adverso en el plano judicial, Boudou quedó prácticamente marginado por el oficialismo y sólo eleva su rol cuando debe reemplazar a Cristina en el Ejecutivo.