El ex encargado de Asuntos Constitucionales de la Cancillería Raúl Estrada Oyuela advirtió ayer
que los asambleístas de Gualeguaychú adoptarán una “posición de máxima” si el gobierno
continúa “amenazándolos” con desalojarlos del puente internacional General San Martín.
En tanto, el abogado Osvaldo Fernández, integrante del equipo legal de
los ambientalistas, acusó a la administración central de “criminalizar” la protesta
contra la papelera UPM (ex Botnia) y consideró que el conflicto “no va a tener resolución en
la Justicia” sino en el ámbito “político”.
Estrada Oyuela, actual presidente de la Academia Argentina de Ciencias
del Ambiente, opinó que desde el gobierno “tienen que asegurar que la planta” de
celulosa “no contamina y, así, es probable que (los asambleístas) levanten el corte”.
El diplomático completó: “Si no se les ofrece nada, van a tomar la
posición de máxima. Argentina tiene el derecho de pedir que ningún territorio extranjero la
contamine”.
En ese sentido, dijo que “la Asamblea (Ciudadana Ambiental
Gualeguaychú) tiene que tener confianza en el gobierno y saber que van a seguir defendiendo los
intereses del río Uruguay”.
El diplomático agregó: “Habría que dar un incentivo para levantar
el corte, no (seguir) amenazándolos con la ley”. De esta manera, se refirió al cambio de
estrategia de la administración central sobre el piquete iniciado a fines de 2006, en el sentido de
priorizar ahora el derecho de la libre circulación por sobre el de la protesta, con el aval de una
orden judicial y un decreto presidencial al respecto.
Por su parte, el abogado de la asamblea dijo que “existe una causa
social y ambiental que es el origen de todo este tema, que no va a tener resolución en el ámbito de
la Justicia”. El letrado finalizó su idea al considerar que el conflicto “debe
resolverse en el marco de los poderes políticos de Argentina y Uruguay”.
