"En Santa Fe estamos unidos los tres poderes sin fisuras enfrentando a los violentos y a la corrupción", destacó ayer el gobernador Antonio Bonfatti, tras conocerse el plan para asesinar al juez y al fiscal que investigan a bandas narcos en Rosario. El mandatario expresó su solidaridad con el juez Juan Carlos Vienna y el fiscal Guillermo Camporini y repudió la maniobra mafiosa al igual que dirigentes de todos los signos políticos de la provincia.

El jefe de la Casa Gris destacó "el trabajo que ambos funcionarios vienen realizando en el marco del combate frontal que estamos dando los tres poderes del Estado en la provincia contra el narcotráfico y la violencia".

"Todos los que estamos del lado de la justicia, la paz y la convivencia, tenemos que estrechar lazos cada vez más sólidos para combatir a un enemigo poderoso que está mostrando sus peores armas con este tipo de hechos. Santa Fe está de pie contra los violentos y seguiremos en este camino", finalizo Bonfatti.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, reiteró que "estas acciones lejos de amedrentar ratifican la decisión de avanzar, con lo traumática y dolorosas que son estas cuestiones. También hay un claro compromiso de la justicia federal y del gobierno nacional porque más allá de las responsabilidades, las fuerzas del Estado deben trabajar juntas".

El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, se solidarizó con los funcionarios judiciales y repudió las amenazas. "Espero que esto sea contundente en la dirigencia política y social ante esas expresiones", indicó.

"Hace mucho que digo que el narcotráfico en Rosario es un problema que nos preocupa a todos. En algún momento advertí esto casi en soledad y fue calificado de tremendista. Hoy, ese diagnóstico es unánime y coincidente por todos y ese es el principio para empezar a resolver este problema", agregó.

El Colegio de Magistrados de Santa Fe expresó a través de un comunicado: "Estos hechos constituyen una avanzada más en la grave escalada de ataques contra las instituciones del Estado. No pueden escatimarse esfuerzos y acciones que se visualicen como contundentes para esclarecer este plan delictivo y juzgar a sus responsables, desmantelando la estructura que permite semejante actuación y esclareciendo si los supuestos autores han obrado desde el interior de centros de detención" provinciales.

"Constituye un cometido primordial del estado de derecho —continuaron—velar por la vida y la seguridad de los ciudadanos como así también brindar condiciones mínimas adecuadas para resguardar la integridad física de quienes llevan adelante la investigación y juzgamiento de los delitos".

una causa que inició el fiscal federal Juan Murray en septiembre. Por este trámite Vera Barros procesó el martes a seis rosarinos involucrados en un tráfico de 80 kilos de cocaína, cargamento interceptado en febrero en Metán, Salta.

La discordia. Cuando ya estaba preso Aron Treves, según fuentes de la investigación, fue inducido por Almirón a aportar información en el juzgado de Vienna en la causa Monos. Se desconoce el contenido de su aporte, si es que éste existió. Lo que sí dicen fuentes judiciales es que Treves quedó convencido de que iba a ser aliviado en las otras causas en su contra por su contribución. Algo que al menos Vienna no podía asegurarle: Treves está procesado en ambas causas por otros magistrados y va camino a juicio.

Fue así que Treves, que lleva 15 meses preso, comenzó a impacientarse. Es en ese contexto, deslizan los pesquisas, cobra sentido lo que Almirón le dice: "Camporini le dice a Vienna que no te tienen que dar la libertad a vos ni a mi tampoco (…) Yo los voy a denunciar a los dos. Yo sé que me como el plenario (juicio) pero vos aguantá".

Sigue Almirón diciendo a Treves: "Vienna le dice a Camporini que Romero o Quebertoque, me inclino más por Quebertoque, les haya dicho de la amistad nuestra. Me tiró mierda, es así de corta". Cristian Romero es el jefe de la División Judicial donde Quebertoque, que apresó a Almirón, es uno de los superiores.

Este diálogo expone alusiones a despliegues de influencias en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo. Son referencias erráticas y oscuras sobre las que se encadenarán múltiples interpretaciones. Dice Almirón: "Salvador (se ignora quién es) va a hablar con el ministro de Seguridad y se lo va a pedir él, Lamberto, cosa que Camporini no pueda negarse. Si el ministro le da el OK en una semana te vas, 10 días a lo sumo, y esperás el juicio en tu casa".

Se interpreta que Almirón le dice a Treves que alguien hablará con el ministro de Seguridad Raúl Lamberto a fin de que este interceda para que le den prisión domiciliaria a Treves por el homicidio de Gustavo Serra en un garaje de Maipú al 800. Treves será juzgado en forma inminente como partícipe y no como ejecutor del asesinato. En este caso los que abrieron fuego nunca fueron hallados. Pero Treves fue captado por las cámaras de seguridad del estacionamiento y está con procesamiento confirmado.

Fuentes policiales consignan que Treves tiene un rencor visceral por dos miembros de Los Monos: Ariel "Guille" Cantero y Ramón "Monchi" Machuca. Y que el plan incluía usar "la herramienta" (el arma) para los atentados y luego depositarla en la vivienda de Patricia Celestina Contreras, la madre de Guille y del fallecido Claudio Pájaro Cantero, a fin de incriminarlos. Esto, según esta línea policial, iba a hacerse mediante un policía.