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Bonfatti le reclama a la Legislatura que apruebe el "impuesto verde"

El gobernador se reunió con Peter Gluckman, principal asesor científico del gobierno neocelandés. El mandatario busca reflotar una iniciativa para fijar un tributo a las grande empresas que le permita financiar la innovación tecnológica.  

Miércoles 11 de Junio de 2014

Nueva Zelanda.- Por un momento, el gobernador Antonio Bonfatti mudó la política de Santa Fe a la lejana y bella ciudad de Auckland. Fue cuando pidió a los legisladores de la provincia que le aprueben un proyecto de ley que está parado desde hace un año. Se trata del denominado "impuesto verde", una iniciativa que le permitiría cobrarle un impuesto a 84 grandes empresas que operan en la provincia para destinar esa recaudación a proyectos de investigación e innovación tecnológica.

El jefe de la Casa Gris hizo el pedido delante de Peter Gluckman, el principal asesor del primer ministro de Nueva Zelanda para temas científicos. Gluckman es un reputado científico y un experto en innovación. Cuando Bonfatti le comentó su idea, fue categórico: "Es un proyecto excelente y usted debe trabajar para imponerlo".

El diálogo se produjo en medio de una entrevista de Bonfatti con Gluckman de la que también participaron tres de los cuatro legisladores que están en Nueva Zelanda como parte de una misión institucional y comercial. Quienes escucharon su reclamo en Auckland fueron el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo; el diputado Juan Carlos Millet y el senador Alberto Crocetti.

La reunión con el asesor científico, creador del instituto de investigación sobre salud más importante de Nueva Zelanda, fue de alto vuelo. El gobernador le explicó que su administración apunta al desarrollo de proyectos de innovación tecnológica que van mucho más allá de su gestión. Y el neocelandés, que demostró una visión planetaria sobre el tema, le dio dos consejos: que lo haga a través de los municipios y no de la provincia, y que los proyectos sean a mediano y largo plazo. En el primer caso fue incluso más lejos: le dijo que sería mucho más auspicioso que lo hiciera en ciudades o localidades pequeñas, como ya sucede con éxito en varias partes del mundo.

Fue entonces cuando Bonfatti comentó su idea sobre del "impuesto verde" y dijo que está parado en la Legislatura desde hace casi un año. Gluckman no registró el comentario porque el socialista habló en castellano y no hubo traducción. Los legisladores tampoco lo hicieron, aunque en ese caso no se puede atribuir la falta de registro a un problema idiomático. "No les interesa aprobarlo", dijo a LaCapital un colaborador directo del mandatario.

Distraídos. Cuando salió de la reunión con Gluckman, de la que se llevó "buenos consejos", Bonfatti se cruzó con un periodista santafesino e insitió con su reclamo: "Los legisladores tienen que aprobarme el impuesto verde, no se pueden hacer más los distraídos".

Bonfatti sostiene que en la provincia hay 84 grandes empresas a las que se le podría cobrar un impuesto razonable para destinarlo a la investigación y la innovación tecnológica, algo que su administración ya puso en marcha en noviembre cuando creóla Agencia de Ciencia y Tecnología. Dijo incluso que ya habló con varios de los empresarios que quedarían obligados a pagar ese tributo en caso de que la ley se apruebe, y que algunos le dijeron que están de acuerdo con la idea. Entre las empresas que deberían pagar ese tributo están las grandes cerealeras.

Visita confirmada. El encuentro con Gluckman se produjo en el segundo día de actividades oficiales. Fue poco después de que la misión se enterase de otra buena noticia: el director para América latina de la gigante láctea Fonterra, Alexander Turnbull, confirmó su visita a la provincia a fin de año.

Además, los empresarios lecheros que forman la misión se sentaron ayer con empresas locales en Auckland y algunos ya concretaron los primeros negocios.

Los alcances del nuevo tributo

El impuesto verde o ecológico es un tributo que pretende crear el gobierno santafesino para financiar investigaciones en ciencia y tecnología. Gravaría a las grandes empresas instaladas en Santa Fe en forma proporcional al nivel de contaminación ambiental que generen como emisión de gases contaminantes, vertido de aguas a ríos y gestión de residuos peligrosos o tóxicos. El gobierno estima recaudar por esta vía unos 100 millones de pesos anuales.

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