El gobernador Antonio Bonfatti no impulsará la acusación contra la única persona que está procesada por la autoría del atentado a balazos cometido contra su casa el 11 de octubre de 2013. Mediante un escrito presentado ante el juzgado que lleva actualmente la causa el abogado que representa al mandatario como querellante, Héctor Superti, hizo saber que no promoverá la acusación de Emanuel José Sandoval, lo que no implica abandonar el rol a fin de ubicar a los responsables del hecho, en el caso de que en el futuro se identifique a más personas implicadas en este delito.
La determinación de los abogados del gobernador de no acusar a Sandoval parece el reconocimiento implícito de que las evidencias reunidas no son suficientes para avanzar hacia una condena. Este pronunciamiento abre el interrogante sobre qué hará el fiscal que debe avanzar en esta causa con el mismo imputado. E instala la idea de que si no se producen novedades este ataque, considerado uno de los de mayor gravedad institucional desde la recuperación democrática en 1983, pueda quedar impune. De hecho no hay en el trámite judicial ninguna hipótesis que conduzca hacia personas o motivaciones distintas de las que ya se establecieron.
Los cargos. "Ema Pimpi" está acusado como autor material del atentado a balazos contra la casa del barrio Alberdi donde el gobernador se encontraba en ese momento junto a su mujer y una empleada. La jueza Alejandra Rodenas le atribuyó al procesarlo haber integrado el grupo de personas que, en dos motos y un auto de apoyo en las cercanías, efectuaron múltiples disparos con arma de fuego de guerra calibres 9 y 11.25 milímetros contra el frente de la casa, trece de los cuales dieron en el blanco, en tanto tres traspasaron la puerta de ingreso impactando en distintas partes del interior.
Al procesarlo la magistrada le imputó los delitos de amenazas agravadas por anonimato y uso de arma de fuego, abuso de armas y daño, todo ello en concurso real y en calidad de autor. Rodenas entendió que este acto fue ejecutado con la finalidad de amedrentar a los miembros del Poder Ejecutivo provincial para impedir el libre ejercicio de su autoridad y así obtener medidas de su parte. La meta del grupo delictivo consistía en desplazar al entonces jefe de la comisaría 10ª de Rosario, Roland Cuñé, para hacer cesar con su remoción los procedimientos que obstaculizaban sus intereses, vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado que se atribuían a su entorno.
Los cargos. En el escrito Superti hace saber que el gobernador se abstiene de impulsar la acusación en este caso pero no en una causa colateral abierta contra el policía Pablo Espíndola por el delito de encubrimiento agravado del atentado. Se trata de un ex oficial de la comisaría 10ª, con predominio en la zona donde vive Bonfatti, que fue arrestado dos meses después del episodio investigado, con una pistola calibre 11.25 que le secuestraron en su poder y que fue utilizada en el ataque al gobernador. El mandatario se mantendrá en su rol de querellante en esta causa que implica en participar del proceso aportando evidencia a través de sus representantes legales para que el hecho investigado se esclarezca.
Esta causa espera el pronunciamiento del fiscal para ingresar en etapa de juicio. La investigación obtuvo una de las dos armas usadas para cometer el atentado, algo ratificado por dos pericias. También se logró el testimonio de una mujer, que fue la única en presenciar el tiroteo, quien señaló que los disparos fueron hechos por tripulantes de dos motos —dos personas en cada una— pero que no pudo ver sus rostros.
Sandoval y Espíndola son las únicas personas que permanecen bajo acusación en la causa derivada del ataque a Bonfatti, el primero por su autoría (como organizador, planificador o instigador del hecho) y el segundo por su ocultamiento. La jueza Rodenas al procesar a Sandoval le había dictado falta de mérito a otros tres jóvenes que habían sido detenidos pocos días después de la balacera. Sandoval no tiene antecedentes penales pero fue investigado en distintas causas como presunto vendedor de drogas en la misma jurisdicción donde se cometió este atentado.
“Esto encamina la investigación”
Marcos Cella, defensor de “Ema Pimpi”, se mostró “satisfechó por la desicion del gobernador de desistir de acusar a Sandoval por falta de pruebas” y manifestó que “ésto encamina la investigacion hacia los verdaderos autores del hecho abandonando una línea investigativa que lo único que hizo fue alejar la pesquisa de la verdad histórica”. En ese marco, el letrado dijo que “cuando uno investiga en base a una hipótesis falsa sólo obtiene la nada misma y ésto fue lo que pasó porque no existen pruebas de cargo para encarar un juicio oral contra mi cliente que es inocente”.
