Bonfatti anunció una fuerte inversión en móviles y equipos para Seguridad

El gobernador Antonio Bonfatti retomó ayer las actividades y, tras reunir a su gabinete en Rosario, autorizó la adjudicación para la compra de 336 vehículos para la policía provincial (un total de 132 camionetas y 204 automóviles), con una inversión de más de 43 millones de pesos destinados al plan de reequipamiento de esa fuerza de seguridad, que se puso en marcha en 2008.

Al retomar sus actividades al cierre de una semana en la que los reclamos por la inseguridad marcaron a fuego la agenda pública de la ciudad, y a través de sendos decretos, Bonfatti adjudicó a la empresa Coinauto SRL la compra de 132 camionetas (tipo pick up) y de 204 automóviles para la policía santafesina.

La empresa es una de las tres que se habían presentado para ambas licitaciones públicas, cuya apertura de sobres con las ofertas fue el 27 de noviembre pasado.

Originalmente, el pliego licitatorio contemplaba la adquisición de 280 vehículos (110 camionetas y 170 automóviles). Pero, haciendo uso de una facultad contenida en el mismo, el número se elevó a 336.

Apuesta fuerte. De ese modo, el monto de inversión total para los vehículos es de 43.314.000 pesos (22.954.800 para las camionetas y 20.359.200 para los autos).

Desde 2008 la Casa Gris viene implementando el denominado plan de reequipamiento policial con la intención de dotar a las fuerzas provinciales de seguridad de los elementos indispensables para el desarrollo de su labor: móviles, municiones, chalecos antibalas, armamento y equipos de protección personal, entre otros recursos materiales.

Plan. En los últimos cinco años, la fuerza fue reemplazando viejas unidades y recuperando parcialmente su parque automotor con más de mil vehículos, entre automóviles, camionetas, motos, colectivos para el traslado de detenidos y ómnibus y furgones para el desplazamiento de uniformados, además de colectivos equipados para la policía científica.

Durante el encuentro, que comenzó en las primeras horas de la mañana en el despacho del mandatario provincial, los responsables de las diferentes áreas interiorizaron al gobernador sobre los últimas hechos ocurridos en la provincia.

De la reunión de gabinete en Rosario participaron también los ministros de Seguridad, Raúl Lamberto; de Desarrollo Social, Mónica Bifarello; de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis; de Innovación y Cultura, María de los Angeles González; de Educación, Claudia Balagué, y de Salud, Miguel Cappiello.

Luego de la controversia entre el socialismo y el justicialismo sobre las responsabilidades de municipio, provincia y Nación en materia de seguridad y narcotráfico, las distintas fuerzas políticas avanzaron el jueves pasado en la creación de un espacio de consenso que, además de bajarle el tono a los reproches, defina acciones en terreno.

Se trata de una suerte de gran acuerdo que llegó tras los duros cruces con referentes del PJ por hechos de inseguridad e incidentes ligados al narcotráfico en la ciudad. En ese marco, el kirchnerismo fustigó la política de seguridad santafesina y concretó el jueves una marcha por dos ataques a militantes sociales.

El pedido

La intendenta Mónica Fein les pidió ayer a los políticos “no partidizar un problema como la seguridad”. En ese sentido, la socialista hizo hincapié en que “la cuestión es si la política resuelve o no el tema”.

Iniciativa clave para policías y penitenciarios

El ministro de Seguridad provincial, Raúl Lamberto, presentó las características y el funcionamiento de la Comisión de Salud y Seguridad, que estará integrada por representantes de la cartera y agentes con idoneidad en la materia (personal policial y penitenciario).

De ese modo, continúan promoviéndose espacios de interacción dentro de las áreas ministeriales a los fines de promover las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores.

Lamberto destacó que “se trata del primer comité del país que creado en la órbita de una cartera de Seguridad y el segundo en la provincia después del Ministerio de Educación”.

“Se trata de un hecho importante para la policía de la provincia y el Servicio Penitenciario”, dijo el funcionario.

Y agregó: “Es una decisión fuerte. A través del diálogo y el consenso buscamos abordar las distintas alternativas que hacen a la salud y a la seguridad”.