La decisión tomada por un grupo importante de diputados y senadores provinciales de rechazar el veto del gobernador Antonio Bonfatti a 40 de los 57 artículos de la ley de policía judicial no es un capricho opositor. Por el contrario, considero, en lo personal, que se trata de la necesaria respuesta que una fuerza democrática debe anteponer a los intentos de la actual gestión socialista para que nada cambie en torno del autogobierno policial inaugurado por Hermes Binner en 2007 y que no quiere ser desmantelado, pese a las gravísimas consecuencias que ese modelo trajo a la sociedad santafesina. Y la decisión de requerir ser parte querellante en la causa que investiga la intromisión de funcionarios del Ejecutivo provincial en el desbloqueo de la computadora portátil del presunto narcotraficante asesinado Luis Medina se inscribe en la misma idea de intentar llenar de contenido político los agujeros negros que el socialismo se empeña en sembrar por todas partes.
Binner parece no tener historia tras de sí. Casi nunca surge en su discurso el ominoso doble período en el que tuvo a su cargo la Intendencia de Rosario. Tiene razones para hacer una gambeta y eludir cualquier pregunta incómoda respecto de esos largos ocho años. Si algo pone nervioso al anestesista nacido en Rafaela son los controles republicanos. No sólo a Binner, esa sensación inquietante es compartida por otros dirigentes que componen el elenco del socialismo gobernante. A ninguno de ellos le hace gracia recorrer el espinel de episodios que en 20 años prueban la aversión por el control público de sus actos de gobierno.
El ahora candidato a presidente postula a su fuerza, el Frente Amplio Progresista, como "una opción nacional de gobierno que puede ser parte activa en la construcción de una nueva democracia en Argentina". Esa nueva democracia, ¿incluirá fuerzas de seguridad a cargo de personajes como Hugo Tognoli o Cristian Sola? ¿Tendrá como presidente, si llegara a vencer en 2015, el mismo proceder que su delfín Bonfatti, de permitir que la Policía se investigue a sí misma a pesar de que está comprobada la participación de efectivos policiales en actividad en los delitos de narcotráfico?
En 1995, Binner comenzó su primer período como intendente de Rosario, y llegó al Palacio de los Leones acusando a Héctor Cavallero, primer jefe de gobierno socialista de la ciudad, de pactar con el menemismo, diciendo que era una afrenta a la posición del socialismo respecto de la transparencia y la calidad institucional. Acto seguido, en una de sus primeras medidas de gobierno, despedazó el modelo de Tribunal Municipal de Cuentas (TMC) que el Concejo Municipal había aprobado por iniciativa del Tigre.
Binner tiró a la basura los atributos originales del TMC, por ejemplo elevar a la Justicia sus dictámenes sobre irregularidades o posible comisión de delitos de los funcionarios y agentes de la administración pública municipal. Limitó al mínimo la capacidad fiscalizadora del organismo, desactivó todo mecanismo sancionatorio y declaró no vinculantes los dictámenes del tribunal.
En su gestión, la de Miguel Lifschitz y la actual de Mónica Fein ese órgano de control denunció en numerosísimos dictámenes irregularidades tales como contrataciones directas, concesiones otorgadas fuera de norma, prórrogas indebidas a prestadores de servicios, llamados a licitación, compras directas prohibidas. Esa historia no parece ser recordada por Binner y sus compañeros de ruta, como Juan Carlos Zabalza, que llegó a decir que tal vez "sean boludos, pero no corruptos".
La demolición de la mansión Tiscornia, hoy reducida a un playón de estacionamiento, motivó que el hoy gobernador y entonces secretario de Gobierno Antonio Bonfatti saliera a anunciar una causa penal contra el propietario de aquel predio histórico, que recibió como respuesta una contra denuncia del mismo, el ingeniero Antonio Pergomet, contra Binner, quien según el profesional le había prometido la radicación allí de un hotel de 5 estrellas. La "calidad institucional", la "construcción de ciudadanía", la "transparencia administrativa", ausentes sin aviso.
Tantas excepciones al código urbano beneficiando durante estas casi dos décadas a constructoras y desarrolladores inmobiliarios sin control en muchos casos del origen de los capitales de grupos económicos integrados por inversionistas bajo total anonimato, podrían explicar el desmadre que entremezcla esos emprendimientos con el lavado de fondos provenientes del narcotráfico.
Para quienes piensan que el problema de Binner es que traiciona los postulados del socialismo, las experiencias de Felipe González en España, gerente de negocios de varios conglomerados empresariales de la península; la bochornosa gestión del presidente socialista de Francia François Hollande, quien sugirió al Parlamento galo la conveniencia de participar en el ataque a Siria que fogoneaba el "progresista" Barack Obama; las claudicaciones del laborismo inglés, demuestran que el candidato del FAP no está solo, y que el neoliberalismo que tanto critican está en el seno de su ideología. Son la derecha culposa, predica el "progresismo" y gestiona como los más recalcitrantes neoliberales.
Si algo faltaba, en los últimos días, y frente a la ola de injustificables hechos de cobarde ajuste de cuentas contra presuntos delincuentes protagonizada por hordas enardecidas, el "progresista" Binner no tuvo mejor idea que opinar que es natural que estas cosas sucedan en un país "donde el gobierno protege a un vicepresidente sospechado de corrupción". Luego se arrepintió, pero esto marca el verdadero pensamiento reaccionario de un dirigente chato, sin capacidad intelectual y que, además, está grande, se le nota, y no asume su declinación con la dignidad que lo hacen muchos adultos mayores.
