La primera admisión formal y oficial de que los tiempos se tornado difíciles se
conoció ayer en Santa Fe. El decreto 159, firmado por el gobernador Hermes Binner, considera que
"la crisis financiera internacional produce un impacto negativo de alcance global, lo que se
asocia, en nuestro país al prolongado conflicto agropecuario y a las sequías que perjudicaron el
territorio provincial, generando todo ello una contracción de la actividad económica que afecta a
miles de trabajadores y empresarios santafesinos". Por eso, ordena el congelamiento de sueldos del
personal de "gabinete" y ajustes de gastos.
El achique genera inquietud entre los gremialistas del sector público convocados
la semana próxima para discutir la política salarial de este año.
"Marcan la cancha pero reduciéndole el tamaño, planteando desde el gobierno un
anticipo de lo que seguramente nos van a decir en paritarias: que la crisis le pone limite a
cualquier aspiración salarial que los gremios pudiéramos llevarle", advirtió ayer el líder de la
Unión del Personal Civil de la Nación, Upcn, Alberto Maguid.
Maguid junto con su par de ATE, Jorge Hoffmann, integran la ronda de discusiones
que el lunes abrirá el gobierno con Amsafé, para discutir en paritarias la adecuación salarial para
este año. Si bien ni uno ni otro han fijado pretensión porcentual se sabe que no se bajan de la que
sí ha dado a conocer la secretaria general del gremio de los maestros públicos, Sonia Alesso.
La administración Binner se anticipó y tomó la decisión antes de marzo, mes en
el que —aseguran algunos analistas— la ciudadanía advertirá en carne propia la llegada
de la crisis que hasta ahora sólo pareció afectar a los países desarrollados.
Por tal razón y haciendo uso "de las facultades conferidas por el artículo 72,
incisos 1 y 4 de la Constitución provincial" el gobierno dispuso un congelamiento de salarios del
personal hasta el 31 de diciembre de 2009. Además ordenó un estricto ajuste de gastos en todas y
cada una de las reparticiones del Estado.
Entre los argumentos se afirma que "corresponde al Estado provincial priorizar
la atención de las situaciones de emergencia e incrementar la importancia relativa del gasto
social, redireccionando las partidas presupuestarias".
Ya en su parte resolutiva el decreto dispone en su primer artículo el
congelamiento salarial hasta el 31 de diciembre de 2009 "de todo el personal que integre la planta
de personal de gabinete de la administración pública provincial centralizada y descentralizada,
empresas y sociedades del Estado, y de los otros entes públicos en los términos del artículo 4 de
la ley 12.510".
Con ello parece aludir a los cargos políticos pero luego se torna poco claro al
ampliar el congelamiento también "a los salarios de aquel personal que en tal carácter forme parte,
en representación del Estado Provincial, de todo otro ente y/u organismo público en el que el
Estado provincial tenga participación en el capital y/o en la formación de su voluntad".
El segundo artículo determina un no menos extensivo ajuste: "Los ministros
presentarán al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, en un
plazo de 10 días, un plan de restricción de gastos de funcionamiento que contemple en todas las
áreas a su cargo, la reducción de los gastos en concepto de alojamientos, alquileres, movilidad,
viáticos, uso de vehículos oficiales y uso de telefonía móvil y fija", dice el artículo.
