Una asociación vecinal que sigue de cerca la causa judicial denominada en forma genérica como "homicidios de barrio Parque" tuvo en estos días una mala noticia. El pedido que habían formulado los vecinos ante la fiscal en turno durante el receso de enero para que se habilite la feria y así poder impulsar una serie de medidas fue rechazado y por lo tanto los vecinos nucleados en esa organización deberán esperar hasta el 1º de febrero, cuando los Tribunales provinciales reinicien sus actividades normales.

Primero la fiscal Ana Edith Rabín y luego el juez de Instrucción en feria Javier Beltramone coincidieron en que el petitorio que habían presentado Vecinos de barrio Parque en Alerta no estaba comprendido por lo que establece la ley orgánica del Poder Judicial de Santa Fe para la habilitación de la feria, es decir, para pedir medidas en forma urgente en causas que están a cargo de otros magistrados.

"Más allá de la magnitud de los hechos que se encuentran en trámite de instrucción, como la entidad e importancia que revestirían las medidas propuestas en el documento, no encuadrarían dentro de los extremos de excepcionalidad que impone el artículo 250 de la ley 10.160", manifestó Rabín en el dictamen que luego elevó al juez de Instrucción Javier Beltramone. Se pronunció por rechazar el pedido "aún tratándose de una causa donde se encontrarían privados de libertad los imputados".

Doble oposición.En ese mismo documento, la fiscal le manifestó al magistrado que ni el tribunal a su cargo "asignado para las cuestiones de la feria, ni la fiscalía poseen un acabado conocimiento del procedimiento" como para evaluar si las medidas solicitadas son pertinentes, por lo que recomendó no abrir la causa en la feria.

En líneas generales los dos funcionarios estuvieron de acuerdo en que el reclamo de los vecinos no poseía el carácter "excepcional" requerido para ese trámite, y observaron que las medidas de prueba solicitadas pueden ser realizadas en "el ámbito ordinario del calendario judicial". Esos dictámenes causaron un profundo malestar en los vecinos, quienes ya habían manifestado sus dudas acerca del sinuoso camino por el que transita la investigación que tiene hasta el momento a Martín Santoro, hijo de un verdulero histórico en el barrio, como único imputado en las muertes de dos vecinas de la zona.

Los vecinos pretendían que la fiscal Rubín impulsara medidas probatorias urgentes durante este mes. Aducían que la gravedad de los hechos, que tuvieron mucha trascendencia pública, exigía actuar con celeridad incluso durante el receso de verano para "suplir omisiones o demoras" que le atribuían de modo explícito al fiscal originario del caso. También aportaban elementos o pistas que no fueron, según sus planteos, aprovechados en la primera etapa de la pesquisa y que habrían provocado un estancamiento en la investigación.

"Vergüenza". Los hechos, cuya pesquisa está a cargo de la jueza María Luisa Pérez Vara, son los asesinatos de dos conocidas vecinas de la zona. El de Concepción Lavore, asfixiada en Suipacha 2124 en febrero de 2010, y el de Susana García de Giménez, muerta en Riobamba 3036. A eso se suma el crimen de María Inés Gómez, asesinada en enero de 2009 en pasaje Coffin 3066, por el que no hay imputados. Además, en ese juzgado también está la causa por el homicidio del jubilado y locutor de Zavalla José Savini, ocurrido en marzo de 2010.

"Nos parece vergonzoso. Resulta increíble ver como la fiscal, pese a reconocer expresamente que los hechos investigados son de enorme magnitud, que las medidas solicitadas por los vecinos son útiles, e incluso que en la causa hay un justiciable preso, se opone a la habilitación de feria y a realizar esas medidas que ella misma reconoce que son de gran utilidad", remarcaron los vecinos.