Barcelona aprobó ayer un veto a la prostitución callejera y comenzará en agosto a multar tanto a las mujeres que ofrezcan su servicio en la vía pública de la ciudad española como a los eventuales clientes.

El veto, que busca erradicar la prostitución de las calles, se ratificó mediante la modificación de una ordenanza municipal, apoyada por los nacionalistas moderados, que gobiernan en el ayuntamiento, y el conservador Partido Popular (PP) del jefe del gobierno español Mariano Rajoy.

La nueva disposición establece más sanciones para los clientes que para las propias meretrices.

Las prostitutas podrán ser multadas con entre 100 y 300 euros (entre unos 120 y unos 364 dólares) por ofrecer y prestar servicios en la calle. El monto podrá ascender a 750 euros en caso de que se ofrezca el servicio a menos de 200 metros de una escuela.

Los clientes que pidan los servicios de una prostituta o negocien con ella podrán ser sancionados con entre 1.000 y 1.200 euros. A menos de 200 metros de una escuela, el monto ascenderá a hasta 1.500 euros. Y quienes sean sorprendidos manteniendo en la calle relaciones sexuales retribuidas tendrán que pagar entre 1.500 y 3.000 euros.

Los socialistas, en la oposición, criticaron el veto. "Barcelona es hoy más hipócrita", aseguraron, y expresaron su preocupación por la exclusión que sufren actualmente las prostitutas.

Al mismo cuestionamiento se sumaron las meretrices, quienes aseguran estar trabajando sin molestar a nadie. (DPA)