El 8 de agosto de 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la actualización de las jubilaciones, en una resolución que estableció que "en un plazo razonable el Congreso debe adoptar medidas para garantizar la movilidad de los haberes previsionales".

El tribunal tomó esa decisión, con el voto de sus siete jueces en funciones, en el caso de Adolfo Badaro, un jubilado naval bonaerense que reclamó la actualización de sus haberes previsionales, superiores a los mil pesos.

La Corte confirmó el ajuste de la jubilación de Badaro hasta marzo de 1995 (de 1.144 a 2.346 pesos), cuando se sancionó la ley de Solidaridad Previsional. Y le ordenó al Congreso que fije "en un plazo razonable" el ajuste de las jubilaciones y restablezca la movilidad.

Hasta entonces, ese índice de ajuste lo fijaban las cámaras de la seguridad social para aquellos jubilados que fueron a juicio, pero esas resoluciones fueron a peladas ante la Corte por la Ansés.

La decisión del tribunal le exigió al Congreso que cumpla con esa facultad de garantizar la movilidad de las jubilaciones, una atribución que tiene desde 1995, cuando se sancionó la ley de Solidaridad Previsional impulsada por Domingo Cavallo.

En la causa Badaro, la Corte tuvo en cuenta los cambios que se produjeron en la economía a partir de 2002, que repercutieron en el nivel de vida del jubilado. También el tribunal consideró que desde 2003 se observaba un proceso de recuperación de las variables salariales, y que el gobierno había otorgado aumentos a las jubilaciones mínimas, pero que ese reconocimiento no había alcanzado en la misma medida a la totalidad de los beneficiarios.