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Bachelet lanza una reforma laboral que termina con la ley de Pinochet

La presidenta chilena presentó el proyecto, que no tendría problemas para ser aprobado en el Parlamento. Los sindicatos, a favor.

Martes 30 de Diciembre de 2014

La presidenta chilena Michelle Bachelet firmó un proyecto de reforma laboral que restituye derechos que los trabajadores perdieron durante la dictadura militar. La iniciativa recibió críticas de la derecha y del empresariado. Entre otras medidas, elimina la facultad empresarial de reemplazar a los trabajadores en huelga. "Estamos saldando una deuda que teníamos con los trabajadores'', dijo la mandataria al dar a conocer el proyecto en la sede del gobierno, a la que asistieron empresarios y sindicalistas.

Bachelet agregó que se busca "mejorar calidad y productividad'', fortalecer y mejorar la institucionalidad laboral y su fiscalización, que exista equilibro entre trabajadores y empleadores al momento de negociar, y una flexibilización en el empleo, un punto demandado por los empresarios.

Destacan en el proyecto los artículos que eliminan la facultad empresarial de reemplazar a los trabajadores en huelga y la llamada "titularidad laboral'', que implica que los beneficios que se logren en la negociación laboral puedan ser extensivos a los trabajadores que se sindicalicen. Bárbara Figueroa, la presidenta comunista de la Central Unitaria de Trabajadores, la principal central sindical chilena, dijo que "recuperar el derecho a huelga efectivo, sin reemplazo, es una demanda anhelada por décadas''.

En la vereda de enfrente, el empresariado y la oposición derechista consideraron que el proyecto no impulsará el empleo ni la productividad. Andrés Santa Cruz, presidente de la poderosa Confederación de la Producción y el Comercio, dijo que tiene "serias y profundas discrepancias'' con el proyecto, porque no se preocupa de todos los trabajadores y está "enfocado en favorecer a una dirigencia sindical''. La oposición derechista también anticipó su rechazo al proyecto. El diputado conservador Patricio Melero admitió que el gobierno tiene mayoría en el Congreso para aprobar la reforma, pero dijo que "si quiere que las reformas tengan estabilidad en el tiempo, que se nos escuche''.

Los trabajadores chilenos y el sindicalismo fueron despojados de la mayoría de sus derechos en 1979, con un plan laboral del entonces ministro del Trabajo José Piñera. El propósito era aplastar a un sindicalismo que empezaba a reorganizarse y coordinarse con grandes sindicatos extranjeros, especialmente de Estados Unidos, para boicotear comercialmente al régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990). La ley laboral dictatorial establecía el reemplazo de los huelguistas, se descontaban los días no trabajados, consideraba que al cumplirse 51 días de la huelga el trabajador se desvinculaba voluntariamente de la empresa y esta también podía cerrar temporalmente. Gradualmente se fueron recuperando derechos laborales en los noventa, durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) y de Ricardo Lagos (2000-2006).

Ayer, la presidenta Bachelet defendió con énfasis la reforma, una de las bazas de su campaña. "Esta agenda tiene un sólo norte que es que las chilenas y chilenos puedan acceder a un trabajo de mejor calidad", dijo Bachelet. "Hoy que damos a conocer esta agenda laboral quiero hacer un llamado a informarse y a no mirar con prejuicios este conjunto de medidas, invitar a todos los sectores a sumarse a un debate constructivo para que logremos los acuerdos necesarios para que Chile tenga relaciones laborales modernas", agregó. La mandataria precisó que la agenda laboral del gobierno busca cumplir tres objetivos. El primero es mejorar la calidad y productividad del empleo y aumentar la participación laboral de los grupos que más lo necesitan. El segundo es fortalecer y mejorar la institucionalidad para lo cual se enviará un proyecto de ley al Congreso que moderniza y fortalece a la Dirección del Trabajo. El tercer objetivo es generar un mayor equilibrio en las relaciones entre empresa y trabajadores y perfeccionar la negociación colectiva. El proyecto propone ampliar la cobertura de la negociación colectiva a los aprendices y trabajadores «por obra», amplía el derecho de los sindicatos para acceder a información de la empresa, simplifica el proceso de negociación colectiva dando mayores opciones de mediación, y, punto clave, elimina la facultad del empleador de reemplazar a los trabajadores en huelga —pero consagra el deber de la organización sindical de proveer personal necesario para cumplir con los servicios mínimos—; también establece los beneficios obtenidos en la negociación anterior como piso y amplía las materias a negociar.

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