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Aumentan los diques y terraplenes en el Delta

Entidades ambientalistas denunciaron que hay constatados al menos 250 kilómetros de estas construcciones ilegales en las islas.

Lunes 16 de Diciembre de 2013

Organizaciones ambientalistas entrerrianas y santafesinas denunciaron que en todo el Delta del Paraná hay constatados unos 250 kilómetros de terraplenes ilegales y advirtieron los graves daños que esta práctica agropecuaria genera al ecosistema y la biodiversidad del humedal, dado que se modifican y cortan cursos de agua primordiales para su funcionamiento. Piden que se encare en forma urgente un plan de manejo del área.

La Fundación Ambiental M'Biguá de Paraná junto a la Fundación Humedales (Wetlands Fundation) cuya sede central está en Colombia; el Paraná No Se Toca de Rosario y la Red Delta, integrada por varias ONG de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, vienen trabajando en forma sostenida en pro de la preservación y protección de los humedales. Una de las actividades ilícitas que atentan contra éstos es la construcción de terraplenes y diques para cortar cursos de agua y de esta manera proteger ganado y también cultivos, los cuales están prohibidos al menos en el área que le corresponde a Entre Ríos y que sin embargo se practica intensivamente, tal como ocurre en lotes de propietarios holandeses, frente a la costa de Villa Constitución.

El 80 por ciento de la superficie del Delta del Paraná corresponde a la provincia de Entre Ríos, se extiende desde Diamante hasta Gualeguaychú. Posee una superficie de 17.500 kilómetros cuadrados y allí viven alrededor de 25 mil personas. Otro 15 por ciento es jurisdicción de Buenos Aires y el cinco restante pertenece a Santa Fe. "Se llevan constatados 250 kilómetros de terraplenes. De hecho la modificación del lugar avanza a una velocidad que sorprende"", denunció el asesor legal de M'Biguá, Diego Rodríguez, en diálogo con UNO. Se presume que el avance de estas obras no autorizadas sería responsabilidad de productores agropecuarios.

Mapeo. La Fundación para la Conservación y el Uso Sustentable de los Humedales, una ONG con financiamiento externo, realizó estudios en la zona y aportó un mapa en el cual se identifican 53 terraplenes en territorio entrerriano. La tendencia que parece no revertirse podría tener consecuencias irreversibles. "Se modifica la derivación natural de las aguas, además de la modificación del suelo: lo que antes eran humedales, ahora se convirtieron en campos. Esto lleva a que el terreno se convierta en una especie de superficie pampeana", alertó Rodríguez.

Reclamos sin eco. La problemática de los movimientos de suelo ilegales ha sido planteada a la Secretaría de Ambiente de la provincia y a la Defensoría del Pueblo de la Nación, organismo que ya recepcionó la denuncia de las organizaciones ambientalistas, que demandan un plan de manejo adecuado, que gestione efectivamente no sólo sobre los terraplenes y endicamientos sino sobre las fumigaciones y las quemas descontroladas, entre otras prácticas dañinas.

Una de las entidades más movilizadas con la defensa de las islas es El Paraná No Se Toca, fundada por cayaquistas y amantes del río y que día a día suma integrantes. En principio se dirigió a la Municipalidad de Victoria para reclamar por casos específicos de movimientos de suelos y ante la "muerte" de arroyos, y luego se dirigió, en marzo del año pasado, a la Secretaría de Ambiente entrerriana. "Le solicitamos información al ingeniero Fernando Raffo (titular del área), pero todavía no nos ha contestado", explicó la representante del movimiento, Victoria Dunda.

A mediados de este año, la organización rosarina pidió a la Defensoría del Pueblo de la Nación que interceda ante el gobierno entrerriano para que informe sobre el estado de situación del expediente generado a partir de ese pedido. Solicitó además que se respete el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas-DP) acordado por las tres provincias que abarca el humedal y que "se arbitren los medios necesarios para la inmediata destrucción de todos los terraplenes ilegales existentes en esta zona, y la prohibición del cultivo agroindustrial" en ese área.

"Tenemos entendido que el funcionario (por Raffo) hizo un relevamiento de la zona, constatando la presencia de 27 nuevos terraplenes", comentó Dunda. Se supone que no están todos con las tramitaciones de habilitación correspondientes. "Las autoridades actúan", sostuvo por su parte Rodríguez, sólo que "se actúa con el derecho consumado: Yo hago, vos sacame", graficó la asesora de El Paraná no se toca.

Limitaciones. De todas maneras el abogado de M'Biguá indicó que desde la ONG valoran la gestión de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos para avanzar en la cuestión, aunque consideran que su acción está condicionada al tiempo que demandará la finalización de un estudio que realiza la Facultad de Ciencias Hídricas, de la Universidad Nacional del Litoral, "para medir el parámetro del impacto ambiental que provocan esos cambios en el Delta. Llevará dos años y las construcciones avanzan a un ritmo impresionante", alertó el profesional.

Los responsables "son productores agropecuarios de la provincia de Entre Ríos y Santa Fe", denunció Dunda, y evidenció que el Estado "deja que se construya sin permiso. Estamos ante intereses privados, que no tienen una estructura de ingeniería para evaluar el impacto ambiental que se podría causar".

El Delta actúa como una esponja: acumula y libera el agua de las crecidas a una menor velocidad, con lo que amortigua el impacto de inundaciones. Además actúa como un purificador natural del agua y es fuente de la mayor pesquería fluvial del país.

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