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Aumenta la tensión entre Argentina y Uruguay por una obra de dragado

Montevideo enviaría el caso por supuestas coimas a la Justicia por el dragado del canal Martín García. Dura réplica de la Cancillería.

Domingo 05 de Agosto de 2012

Volvió a subir ayer la tensión entre Argentina y Uruguay por el dragado del canal Martín García, en el río de La Plata, luego de que Montevideo dejara entrever que enviará a la Justicia el caso por supuestas irregularidades en el proceso de licitación y Buenos Aires reaccionara con un comunicado muy duro.

   Argentina cargó directamente contra el ex embajador en el país Francisco Bustillo, quien denunció internamente un presunto intento de coima por la cuestión del dragado, y pidió a Uruguay que le levante la inmunidad (es jefe de Gabinete de la Cancillería oriental) para que la Justicia argentina lo investigue por el ingreso irregular de autos con franquicia diplomática.

   La Cancillería confirmó que Uruguay “dejó trascender que enviará toda la documentación a la Justicia de su país”, por lo que le reclamó al gobierno vecino que “responda afirmativamente” un exhorto de la Justicia argentina para que el ex embajador Bustillo (ocupó la embajada en Buenos Aires entre 2005 y 2010) “comparezca para declarar” sobre las informaciones que lo involucran “en supuestos intentos de la firma uruguaya Riovía de corromper el proceso de dragado”.

   Sucede que Bustillo fue el supuesto destinatario de un presunto intento de soborno de Riovia para conservar la licitación, lo que motivó una investigación del Tribunal de Cuentas de Uruguay, que arrojó dudas sobre el proceso de adjudicación del millonario negocio.

Inmunidad. A su vez, Argentina le pidió ayer a Uruguay que “suspenda la inmunidad diplomática de Bustillo en la causa por la importación indebida de automóviles”, ya que se trata del “único diplomático involucrado cuyo país no ha otorgado el levantamiento” de ese beneficio para que sea “investigado por la Corte argentina”.

   A pesar de que la presidenta Cristina Kirchner y su par José Mujica acordaron esta semana en Brasilia bajar los decibeles del conflicto bilateral, las acciones judiciales vuelven a tensar la relación luego de un período de relativa calma tras la disputa por las papeleras.

   Respecto a la causa por el ingreso irregular de autos con franquicia diplomática, la cartera que conduce el canciller Héctor Timerman precisó que la necesidad de investigar a Bustillo surge luego de que el juez interviniente “comprobara la participación del embajador como también la intermediación de firmas fantasma y adulteración de documentación entre los vehículos pertenecientes” al diplomático uruguayo.

   “Llama la atención que la razón esgrimida Uruguay sea que Bustillo preside la Comisión del Río de la Plata, con jurisdicción en el canal Martín García”, señaló la Cancillería, y agregó que esa actitud “contrasta con la de Bolivia y Congo, que ordenaron a sus diplomáticos a someterse a la Justicia argentina la misma causa”.

   En su comunicado, el gobierno argentino recordó que el 3 de marzo de 2007 el embajador Bustillo solicitó dos franquicias para importar sin impuestos dos automóviles Porsche 911, valuados en 98 mil dólares cada uno, “en clara contravención a la circular diplomática 6/2000, cuyo trámite concluyó en las franquicias Nº154 y 155/2007”.

   “Tres años antes habían ingresado al país dos franquicias de vehículos BMW M3 y BMW X5. Cuatro autos cuyos diseños distan bastante de los utilizados por el cuerpo diplomático”, denunció el Palacio San Martín.

   En su nota, el gobierno de la presidenta Kirchner reiteró “el interés estratégico que tiene el dragado del Canal Martín García para el crecimiento del comercio internacional” y “garantiza que el mismo se hará de forma transparente y de acuerdo a los dictámenes de la Justicia”.

Respuesta oriental. Montevideo consideró anoche que las denuncias por el caso del dragado y el ingreso irregular de autos con franquicia diplomática son parte de una “persecución política” contra Bustillo.

   “Llama la atención en que en una megacausa en la que hay 100 diplomáticos presuntamente involucrados sólo se hable de Bustillo”, dijeron fuentes del gobierno de José Mujica.
  Para Montevideo, se trata de “una clara persecución política contra un diplomático de carrera que cumplió un destacado rol por preservar las relaciones” bilaterales cuando fue representante de Uruguay en la República Argentina”.

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