El represor Osvaldo Jorge Tébez, ex efectivo de la Policía Federal, fue capturado el lunes en Rosario luego de permanecer prófugo desde febrero pasado. Tébez está imputado de crímenes de lesa humanidad que se investigan en la megacausa Guerrieri en el Juzgado Federal 4 de Rosario. El Ministerio de Justicia de la Nación ofrecía un recompensa de 500 mil pesos para quien aportara datos que permitieran atraparlo.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo en Rosario al represor Tébez, ex agente de la Delegación Rosario de la Policía Federal durante la última dictadura, quien fue capturado en la vía pública.
Tébez, de 68 años, fue detenido el lunes, según informaron recién ayer fuentes judiciales, captura que fue promovida por la Unidad de asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos de Rosario.
La Unidad fiscal había solicitado en febrero de 2013 la detención e indagatoria de Tébez por considerarlo coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos y homicidios, por su presunta participación en procedimientos fraguados.
Tébez se encontraba prófugo desde febrero de 2014 cuando se ordenó su indagatoria y detención en el marco de la denominada megacausa Guerrieri, en la que se investigan crímenes de lesa humanidad en el ámbito del Cuerpo II del Ejército. Este expediente ya derivó en dos juicios orales a numerosos represores.
El ex policía, que durante la dictadura prestó servicios como agente en la delegación local de la Policía Federal, fue indagado el martes y quedó detenido a disposición del Juzgado Federal Nº4 de Rosario que conduce el juez Marcelo Bailaque.
La captura de Tébez se suma a la de Ernesto Guillermo Luchini, ocurrida también el lunes, y la de Aldo Mario Alvarez, atrapado martes.
Luchini fue detenido el lunes en la ciudad de Buenos Aires, luego de permanecer prófugo de la Justicia, y ya fue trasladado a la provincia de Mendoza donde es reclamado en Tribunales.
Por Luchini también se ofrecía una recompensa de medio millón de pesos para quien brindara datos sobre su paradero, a raíz de encontrarse prófugo desde febrero de 2013, poco antes de que el juez federal mendocino Walter Bento lo imputara junto a otros represores por delitos de lesa humanidad.
La Justicia mendocina indagará al ex agente de inteligencia por su responsabilidad como integrante del destacamento de Inteligencia 144 del Ejército con base en Mendoza, por los delitos de privación de la libertad agravad en 39 hechos, homicidio calificado en 32 casos, robo simple, agravado, tormentos agravados y asociación ilícita.
La influencia del destacamento al que pertenecía era importante dado que era protagonista principal en los operativos realizados entre 1976 y 1983 no sólo en esa provincia sino también en San Luis y en San Juan.
Luchini formó parte de un grupo de 17 represores a los que en septiembre pasado se les congelaron los bienes con el fin de ejercer una presión financiera que los obligara a cometer algún error que permitiera dar con su paradero.
En el caso de Aldo Alvarez, se encontraba prófugo desde el 15 de junio de 2007, cuando el entonces juez federal de Bahía Blanca, Alcindo Alvarez Canale, ordenó su captura tras no haber dado con su paradero en el domicilio del imputado de la Capital Federal. En octubre de 2006, el ex fiscal general de esa ciudad del sur bonaerense, Hugo Cañón, y el fiscal de primera instancia Antonio Castaño habían requerido la detención del ex jefe de inteligencia del V Cuerpo, en una extensa presentación que también incluía a otros imputados de esa jurisdicción.
Desde entonces, la Unidad Fiscal de Bahía Blanca promovió diferentes medidas de prueba para dar con el militar que, en 1987, había zafado de la persecución penal gracias a la ley de obediencia debida.
La detención de Alvarez se produjo durante un procedimiento realizado por la PSA en el barrio cerrado Laguna del Sol de la localidad bonaerense de Talar de Pacheco, partido de Tigre.
La captura se produjo pocos días después de un allanamiento del lugar donde fue hallado el imputado y la indagatoria de tres personas que, por las escuchas telefónicas realizadas durante la pesquisa, se sospecha que venían dando cobertura al entonces prófugo.