Arteaga: reponen fajas de clausura en un burdel

Casilda.— El prostíbulo allanado por Gendarmería Nacional en Arteaga, y que funcionaba pese a ser clausurado en abril por la Justicia, está cerrado nuevamente. El Juzgado de 1ª Instancia de Circuito Civil, Comercial, y Faltad de Casilda, a cargo de Laura Babaya, ordenó reponer las fajas de clausura respectivas y desalojar el local para prevenir que la medida vuelva a ser violada.

Al momento del operativo llevado adelante por personal de la comisaría arteaguense se encontraban en el interior del burdel uno de sus propietarios, identificado como Sergio R., y tres de las cuatro mujeres que trabajaban allí y volvieron luego de estar en Rosario donde recibieron asistencia profesional el mismo día que la fuerza de seguridad nacional efectuó el allanamiento.

Aunque las meretrices habrían planteado no tener donde vivir se encontraron con la negativa de seguir permaneciendo en el lugar. El prostíbulo El Unicornio Azul, ubicado en la zona rural de Arteaga próximo a la ruta provincial 15 y a unos cinco kilómetros del casco urbano, contaba con habilitación comunal cuando fue clausurado hace cinco meses aunque la disposición fue infringida sin que la policía advirtiera tal irregularidad, la cual quedó al descubierto el fin de semana pasado gracias al procedimiento realizado por la delegación rosarina de Gendarmería Nacional a instancias del Juzgado Federal Nº 4 que tiene a cargo Marcelo Bailaque.

En ese marco también fue allanado el cabaret Escorpio, en Melincué, donde fueron rescatas otros 19 mujeres, de distintas nacionalidades, en situación de vulnerabilidad.

Pero las derivaciones del caso fueron diferentes: mientras en la ciudad cabecera del departamento General López se ordenó allanar el Juzgado en lo Penal de Instrucción a fin de probar si un empleado es miembro de una red dedicada a la trata de personas, en jurisdicción de Caseros lo sorprende fue que el prostíbulo allanado en Arteaga estaba abierto pese a su clausura.

La situación no sólo generó malestar en Babaya sino especulaciones de todo tipo sobre la falta de controles, razón por la cual el jefe de la UR-IV, Walter González, dispuso un sumario administrativo en la comisaría de Arteaga para investigar si hubo responsabilidad policial.

La jueza aseguró ayer a LaCapital que recibió una comunicación del presidente comunal de Arteaga, Sergio Proti, a fin de ofrecer su colaboración para el cumplimiento de la clausura.