Armstrong: investigan el caso de facturas trucha

La Fiscalía del Distrito Judicial Nº 6 de Cañada de Gómez continúa investigando el caso de las facturas truchas en el municipio de Armstrong. Ayer, unos cinco efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) volvieron a requerir documentos a áreas de Tesorería y Contaduría del municipio en el marco de la causa iniciada por un abogado de Cañada de Gómez que denunció penalmente al intendente Pablo Verdecchia y otras dos funcionarias por supuesta defraudación.

El operativo de ayer se sumó a un allanamiento anterior realizado también a pedido de la Fiscalía de Cañada. En esa ocasión, los investigadores hallaron nueve facturas de las 24 detalladas por el abogado Luis Rossini en su denuncia presentada.

La investigación se efectúa con total hermetismo y escasa información a la prensa. Lo que sí se supo en los últimos días fueron convocados los titulares de las facturas detalladas como apócrifas, pertenecientes a las empresas Ferretería Funes y Olguín Construcciones, quienes habrían negaron haber vendido y cobrado el tipo de mercadería detallada.

Trascendió que este segundo operativo tuvo la finalidad de retirar documentación, pero también cruzar información anteriormente secuestrada en el allanamiento. La Fiscalía se encuentra también detrás de los back ups de las computadoras para tener la certeza de que no se hayan borrado datos tras la denuncia presentada por el letrado.

Aun queda por realizarse la pericia caligráfica pedida por Rossini, quien dio nombres de cinco funcionarios del municipio de Armstrong para que se sepa si la caligrafía de ellos es la misma que se usó para el llenado de las boletas mencionadas.

Facturas truchas. La denuncia de Rossini tuvo como origen el supuesto cobro de facturas truchas por 200 mil pesos. En el escrito, el profesional consignó que se trató de documentos que dan cuenta de venta de artículos de ferretería, pintura, equipos y también prestaciones de servicios, como jardinería. Las facturas habrían sido cobradas en julio de 2011 (Verdecchia asumió en 2009 y este año busca su reelección).

Rossini reveló que el modus operandi consistía en crear facturas de proveedores existentes, a las que luego les cambiaban los números telefónicos y abonaban a través de la Secretaría de Hacienda. Según Rossini, las órdenes de pago están firmadas, pero las firmas no corresponden a las de los proveedores. Además denunció que usaron entre dos y cuatro facturas por empresas, y que es probable que el fiscal Granato traslade la denuncia al Juzgado en lo Penal de Cañada, a cargo de la jueza Delia Paleari.

"Creemos que el caso está cerrado porque hablamos con los proveedores y ellos nos aseguran que no han hecho operación alguna con el municipio. Acá habrá que investigar quién se llevó el dinero, ya que hay órdenes de pago que están firmadas", dijo Rossini a este diario.

"No sabemos si este modus operandi se viene haciendo todos los meses. Los elementos están en nuestro poder. Son fracturas apócrifas que el fiscal me ha pedido no mostrar a los medios, pero cada copia está en su poder", abundó en su momento Rossini.