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Argentina sube el tono y apeló el fallo de Griesa

La Argentina apeló ante la Corte de Nueva York el fallo del juez Thomas Griesa que le impidió al Citibank ejecutar el pago del 31 de marzo y que derivó en la posterior suspensión de la entidad para operar en...

Martes 07 de Abril de 2015

La Argentina apeló ante la Corte de Nueva York el fallo del juez Thomas Griesa que le impidió al Citibank ejecutar el pago del 31 de marzo y que derivó en la posterior suspensión de la entidad para operar en el mercado bursátil.

A través de sus letrados, el país asumió la presentación de la apelación ante el tribunal superior y argumentó que los títulos nominados en dólares con legislación argentina no son deuda externa sino interna y no pueden estar alcanzados por el fallo de Griesa.

La decisión de continuar con los pasos judiciales se tomó luego que Citibank desistiera de hacerlo tras sellar un acuerdo con holdouts.

En ese pacto, Citibank se comprometió a no apelar la orden de Griesa que le impedía realizar el pago de los bonos en dólares con legislación argentina y a abandonar el negocio de custodia de bonos nacionales, a cambio de que se le otorgue una excepción para cumplir con los vencimientos del 31 de marzo y 30 de junio.

Griesa no autorizó los pagos (tal como lo había hecho en otras tres oportunidades) pero dijo que "no lo impediría".

Como respuesta al acuerdo, el gobierno nacional suspendió al banco como operador bursátil y también canceló la licencia de su presidente.

El gobierno nacional suspendió al banco como operador bursátil y también canceló la licencia de su presidente.

En tanto, trascendió que los denominados "me too" ("yo también") defenderán hoy el reclamo por el cual pretenden que el juez Griesa les reconozca derechos contra la Argentina por 5.400 millones de dólares, al extender el fallo que beneficio a los fondos NML Capital y Aurelius.

Los "me too" son acreedores con títulos similares a los que tenían los fondos NML Capital y Aurelius y exigen del juez de Nueva York una sentencia similar a la que ordenó el pago de 1.330 millones de dólares por incumplimiento de la Argentina de la cláusula "pari passu" (igual tratamiento).

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