La Fiscalía y las querellas apelaron ayer la resolución del juez federal Fernando Poviña que concedió la libertad provisional a Carlos Pedro Blaquier, dueño del grupo Ledesma, y a su administrador, Alberto Lemos, ambos procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Jujuy durante la última dictadura.

El fiscal Pablo Pelazzo dijo que "la decisión de la libertad provisional se funda en el hecho que, desde el punto de vista del juzgado, los imputados han estado a derecho, no entiende el juez que haya peligro de fuga, ni haya habido entorpecimiento en la investigación". Sin embargo, destacó que "hay una serie de circunstancias que nosotros entendemos son relevantes para sostener lo contrario, sobre todo con relación a la influencia del poder económico de ambas personas y también en relación a los delitos por los cuales se pide el procesamiento".

Por su parte, Juan Manuel Sivila, letrado de la querellante Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, afirmó que "las pruebas existentes permiten afirmar que ambos imputados prestaron una colaboración esencial, tanto material como intelectual, al plan sistemático de represión ilegal".