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Anulan cesantía a un empleado judicial que mató y fue declarado inimputable

Mató a su mujer en estado de ebriedad, pero la Justicia estableció que no comprendía lo que hacía. Lo dejaron sin trabajo, pero ahora la Corte nacional se lo restituyó.

Lunes 08 de Diciembre de 2014

Cometió un crimen, la Justicia lo declaró inimputable, lo dejaron cesante en el trabajo y ahora deben dejar sin efecto esa sanción. Al empleado judicial José Luis González le ocurrió todo eso en cinco años. Lo último, la semana pasada, cuando la Corte Suprema de la Nación dictó una resolución que lo dejó a las puertas de volver al trabajo. De todos modos, no lo hará porque, a partir de ahora, gestionará una jubilación por invalidez, según adelantó a La Capital su abogado.

   Lo que hizo la Corte la semana pasada fue dejar sin efecto una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Es que González es empleado judicial con 30 años de antigüedad y en 2009, cuando cometió el crimen por el que lo dejaron cesante, era prosecretario administrativo de esa cámara.

   La decisión de dejarlo afuera se tomó en el marco del sumario administrativo que le iniciaron cuando cayó detenido. Pero el abogado Carlos Racamato, el mismo que lo defendió en el juicio penal, apeló la resolución de la Cámara Federal y llevó el caso al máximo tribunal de la Nación, donde logró revertirla.

   El hecho que desencadenó esta larga saga jurídica ocurrió el 27 de diciembre de 2009. Ese día, domingo a la noche, González acuchilló a su pareja y la mató. El crimen fue el desenlace de una feroz discusión, pero también de una borrachera que cambiaría el destino judicial del autor de ese asesinato.

   Fueron los vecinos de González y su mujer, quienes vivían en un departamento de Italia al 900, los que escucharon la pelea de la pareja y las quejas dramáticas de la mujer. “Me matan, me matan”, fue una de las frases que le oyeron gritar a la víctima. Llamaron a la policía para reportarlo, pero increíblemente los efectivos tardaron tres horas en llegar al edificio. Cuando finalmente lo hicieron, la mujer había muerto.

   González estaba tendido sobre su cama, muy borracho. Tomaba whisky de la botella y así recibió a los uniformados. Cuando le dijeron que lo llevarían detenido, pidió tiempo para vestirse. Unos días después, fue procesado por homicidio simple por la jueza de Instrucción que se hizo cargo del caso. Pero la causa pronto daría un giro impensado, impulsado por Racamato.

   El letrado pidió nuevas pericias para tratar de probar su propia hipótesis sobre lo que ocurrió cuando el empleado judicial acuchilló a su mujer. La Cámara Penal de Rosario atendió a su solicitud y los nuevos estudios se hicieron. Con ellos, Racamato logró su cometido: probó que su cliente había consumido alcohol y psicofármacos durante muchos años, que padecía de ataques depresivos y que había sido testigo de cómo su padre se quitó la vida. Y consiguió que finalmente la Justicia lo declarara inimputable al entender que, al momento de asestar la cuchillada mortal a su mujer, no sabía lo que hacía. Por eso, finalmente fue sobreseído de la imputación del homicidio.

   Pero la Cámara Federal de Apelaciones ya le había iniciado un sumario administrativo. En ese trámite, lo declaró cesante y González se quedó sin trabajo. A su abogado le pareció que era injusto en función del modo en que acabó el proceso penal y, entonces, decidió ir en queja ante la Corte Suprema nacional.

   Allí, en una resolución firmada 27 de noviembre pasado por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, le dieron la razón. Los jueces revisaron incluso el proceso penal y concluyeron en que efectivamente González “no estaba en condiciones de comprender lo que hacía ni de dirigir sus acciones” al momento de asesinar a su pareja, y que al ser el crimen el motivo por el cual la Cámara Federal lo declaró cesante, correspondía dejar sin efecto esa medida. En cambio, habilitó la posibilidad de que el empleado judicial pueda tramitar ahora su jubilación por invalidez, algo que ya puso en marcha.

   “El fallo de la Corte reivindica la pretensión de mi cliente de no tener una sanción y terminar, de ese modo, una carrera de 30 años de trabajo en el Tribunal federal”, dijo Racamato a este diario al comentar la resolución. Y añadió: “La Cámara Federal de Apelaciones no podía de ninguna manera aplicar una sanción administrativa a alguien que en el proceso penal fue considerado inimputable. O sea que la Corte hizo justicia”.

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