Antilavado: piden alertas preventivas en oficinas públicas

El Concejo dio ayer otro paso más de cara a una ordenanza antilavado en donde la detección a través de alertas en los expedientes municipales será pieza fundamental para reforzar la prevención de maniobras delictivas.

La comisión de Gobierno recibió ayer a la contadora y doctora en Economía Marina Marsili, investigadora de delitos económicos y complejos, quien aportó varios conceptos útiles para un proyecto que va sumando consenso entre los ediles.

La propia invitada por el Palacio Vasallo explicó a La Capital su enfoque teórico sobre lo que significa la puesta en marcha de la iniciativa. “Se genera un dato de algo no convencional y a través de un sistema de alertas se produce un relectura de la información en un contexto con otros datos obrantes en el municipio. El dato en sí mismo no es significativo, pero nutrido de otros elementos pasa a ser algo comunicable. Por eso es importante introducir este proceso como una práctica”, indicó para subrayar: “Alerta es crear una cultura para que cuando se detecta algo distinto se dé noticia de algo que se sale de la regla. No implica un delito, sino un dato que hace ruido y que no debe quedar boyando en la mesa de entradas de una repartición”.

La funcionaria de Fiscalía aclaró que no se trata de investigaciones, y que tampoco se aspira a que el municipio sea un pesquisa, y destacó que es la Justicia la encargada de sancionar por lavado de activos; los organismos de investigación y querella, junto a la UIF y otras dependencias son los deben reunir la documentación, mientras que la ordenanza se situaría en la faz preventiva.

La concejala peronista Fernanda Gigliani (autora de uno de los 5 proyectos en danza) consideró vital la participación de Marsili de cara a una ordenanza antilavado y dijo que la referente se focalizó en la creación de alertas y de cómo hay que generar una cultura diferente dentro de la administración.

“Es importante para que los distintos actores que hoy manejan información sean capaces de detectar las alertas y fundamentalmente informarlas con fines preventivos. Estamos más cerca de buscar puntos en común entre las distintas iniciativas y avanzar”, resumió la edila para volver sobre un debate aún no saldado: crear o no una agencia dentro de la órbita municipal con profesionales que lleguen por concurso a tener capacidad investigativa.

“Hay que generar una cultura administrativa diferente para estar atentos a lo que salga de lo ordinario que si bien no configuran delito, al entrecruzarse pueden ser crucial para una futura investigación”, resumió Gigliani.

A su turno, la concejala justicialista Norma López recordó que presentó modificaciones al mensaje del intendente para exigir mayor documentación a fideicomisos y otros contratos que podrían facilitar el lavado de dinero.

“No hay que relajar controles ni el tipo de documentación exigida porque es el modo de fortalecer las alertas para que la Municipalidad, pueda prevenir acciones delictivas y realizar denuncias ante los organismos nacionales por tratarse de un delito federal”, destacó la concejala kirchnerista.

Junto a la presidenta de la comisión de Gobierno, Caren Tepp, de Ciudad Futura, participaron sus pares de bancada, Jesica Pellegrini y Pedro Salinas; Gigliani, de Iniciativa Popular; Fabrizio Fiatti, de Arriba Rosario; López, del Frente de Todos, y Julia Eva Irigoitia y Lisandro Cavatorta, de Todos Hacemos Rosario, al igual que la subsecretaria Legal y Técnica municipal, Juliana Conti.