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Año judicial y el debate de los autoconvocados

Lorenzetti lo lanzará con el tradicional discurso, mientras que un importante grupo de magistrados se reunirá en la Biblioteca Nacional.

Lunes 25 de Febrero de 2013

La inauguración del año judicial por la Corte Suprema de Justicia y el encuentro de magistrados autoconvocados bajo el lema "Por una justicia legítima" permitirán pulsar, en la semana que se inicia, los debates que atraviesan al Poder Judicial, el más hermético de los poderes del Estado y a cuya "democratización" ha llamado el gobierno.

El acto de la Corte, convocado para mañana, tendrá como único orador a su presidente, Ricardo Lorenzetti, en un encuentro de rutina para esta parte del año, cuando la cabeza del Poder Judicial define prioridades, que el año pasado fue la "rapidez de la justicia" bajo el signo de la tragedia ferroviaria de Once.

Este año estará dedicado a los 150 años de la creación del tribunal, lo que al margen de su indiscutible trascendencia institucional sugiere un tono autocelebratorio dado que ese aniversario se festejará recién dentro de ocho meses, de acuerdo al calendario instituido por el presidente Arturo Illia en el centenario para recordar su primera sentencia, del 15 de octubre 1863.

Justicia legítima. Veinticuatro horas más tarde comenzarán en la Biblioteca Nacional los dos días del encuentro nacional de jueces, fiscales, defensores y funcionarios "por una justicia legítima", que deliberarán para definir los alcances de la "independencia" del Poder Judicial", sobretodo "en relación a los poderes económicos".

También anuncian que pondrán en debate "las políticas de apertura para el ingreso y promoción meritocráticos" de los agentes judiciales y la supresión de privilegios corporativos, como la excepción del pago del impuesto a las ganancias de los jueces, para terminar con el funcionamiento cerrado de lo que habitualmente se denomina "la familia judicial"

El grupo se constituyó a partir de las solicitadas del 11 de diciembre y el 3 de enero pasados, cuyos firmantes dijeron no sentirse representados por una declaración de la Comisión Nacional de Protección a la Independencia Judicial, la Junta Federal de Cortes y la Asociación de Magistrados, que denunció "hechos que agreden institucionalmente" al Poder Judicial y dio por caso recusaciones y pedidos de apartamiento de causas de algunos jueces.

Los magistrados recordaron que ese es el "mecanismo procesal establecido en la legislación vigente para asegurar un eficaz servicio de justicia y garantizar la imparcialidad de las decisiones judiciales", abriendo una polémica cuyo telón de fondo es el trámite de la causa iniciada por el grupo Clarín contra dos artículos antimonopólicos de la ley de servicios de comunicación audiovisual.

La causa debería llegar en los próximos meses a la Corte Suprema para un fallo definitivo luego de sucesivas medidas cautelares que mantienen trababa la aplicación de la norma, sancionada hace más de tres años por una amplia mayoría en el Congreso y con un fallo de primera instancia que declaró su constitucionalidad.

Entre los primeros doscientos adherentes a las solicitadas se destacaban la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó; la Defensora General, Stella Maris Martínez; el camarista de Casación Penal Alejandro Slokar; el presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone, y el fiscal general Jorge Auat.

Pero en la segunda tanda se sumaron otros tantos miembros de tribunales superiores de todas las jurisdicciones, jueces y camaristas federales, miembros de tribunales orales, fiscales generales y funcionarios judiciales junto a académicos del derecho de distintas universidades públicas.

Los organizadores del encuentro prevén un debate asambleario tras la apertura que hará Gils Carbó y una jornada final con talleres que antecedan al cierre a cargo de Martínez y el presidente de la asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (Medel), el jurista portugués Antonio Cluny.

En un paper informal destacaron que "las reformas de gestión democrática incluyen el compromiso por la estricta vigencia de los derechos humanos y todas las formas de discriminación", así como la necesidad de incorporar al debate público las decisiones judiciales y el comportamiento de sus miembros.

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