La Justicia dictó ayer un nuevo pedido de captura internacional contra Víctor Schillaci y los hermanos Martín y Cristian Lanatta, los condenados por el triple crimen de General Rodríguez que escaparon el 27 de diciembre pasado de una cárcel de máxima seguridad bonaerense y que estuvieron a punto de caer en Santa Fe. En ese sentido, la búsqueda ya se amplió a cuatro provincias (entre ellas Córdoba y Chaco) y las fronteras.
El juez de Garantías de La Plata, Cesar Melazo, quien investiga el ataque a dos policías ocurrido en una ruta de Ranchos el 31 de diciembre, ordenó la captura internacional de los prófugos (ya dictada al momento de escapar) y solicitó la colaboración de Interpol y las fuerzas de seguridad vecinas.
Ya nadie duda que los Lanatta y Schillaci estuvieron el jueves a la mañana en Santa Fe, donde se enfrentaron con gendarmes. Pero, con el correr de las horas no aumentaron las certezas sobre su paradero y la búsqueda se amplió a otras cuatro provincias por decisión de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
En el terreno operativo, perros rastreadores recorrieron las zonas rurales de Santa Fe y los uniformados de distintas fuerzas de seguridad vigilaron todos los vehículos que circularon en las rutas provinciales 19 y 6, a la altura de Franck.
Las fuerzas también se desplazaron hacia la zona de Laguna Paiva (a 45 kilómetros de la ciudad Santa Fe) y Barrancas (la línea divisoria entre Rosario y la capital provincial), además de controlar la ruta nacional 11, cerca de Coronda, donde está la cárcel más importante del territorio.
En Coronda también fue requisada la vivienda de Luis Zacarías, un ex funcionario de la Unidad Presidencial de la Casa Rosada investigado en la causa por la importación de efedrina a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría (ver página 4).
Los detectives también trabajaron con un equipo para mejorar las comunicaciones, drones y cámaras especiales que detectan el calor humano. También hubo requisas casa por casa.
Pero, al mismo tiempo, hubo un fuerte hermetismo por parte de los investigadores que, incluso, le retacearon información a la policía santafesina (ver página 4). Y, con el correr de las horas y llegando al fin de semana, el megaoperativo dispuesto en la provincia pareció ir perdiendo peso frente a la falta de resultados positivos.
La investigación que genera más expectativas está a cargo del juez federal porteño Sergio Torres, quien en base a datos de Inteligencia de Gendarmería dispuso el operativo del jueves en Santa Fe, una de las provincias jaqueada por el crecimiento del narcotráfico.
“Estamos frente a delincuentes que tienen montada una red de complicidades. Pero creemos que hemos llegado a una situación en la que ellos están con menos recursos”, sostuvo, a su turno, la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.
Se esperaban, en tanto, resultados del análisis de los teléfonos celulares y de la camioneta de la ex suegra de Cristian —supuestamente robada— para poder reconstruir dónde estuvieron y si aparecen lazos sobre dónde podrían estar.
Además, los investigadores siguieron recolectando pruebas que reforzaron las certezas de que se trataba de los prófugos: Gendarmería encontró ayer una escopeta 1.270, con cargador y cinco cartuchos, en el galpón de San Carlos donde ocurrió uno de los enfrentamientos (con dos agentes de esa fuerza) el jueves a la mañana. En esa causa ya interviene el juez santafesino Reynaldo Rodríguez, junto al fiscal Walter Rodríguez.
Acerca de la escopeta hallada, se trata del mismo tipo de arma utilizada para disparar contra la policía bonaerense Lucrecia Yudati, de 33 años, atacada en Ranchos el 31 de diciembre junto a otro oficial, que se encuentra en estado delicado y quien aseguró que los agresores fueron los prófugos.
Por ese ataque, Melazo decidió que sigan presos un panadero de Chascomús y su socio, sospechados de colaborar con los prófugos y a los que, además, les imputó la tentativa de homicidio de los policías heridos.
Paralelamente, el titular de la Procunar, Diego Iglesias, coordinó con otros fiscales federales de Chaco, Córdoba y Santiago del Estero, como también de Jujuy, con el fin de estar en alerta.
Si bien fuentes judiciales estimaban anoche que los prófugos continuaban en territorio santafesino, otras no descartaron que hayan podido cruzar hacia un provincia vecina. No obstante, más de 500 efectivos de distintas fuerzas de seguridad continuaban los rastrillajes.
