El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro tendrá que resolver un amparo presentado por veterinarios ante el "descontrol de la población canina" de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

El pedido de amparo fue presentado ante la justicia civil de Bariloche por los veterinarios Horacio Vautier y Pablo Fernández ante los riesgos para la salud pública por la gran cantidad de perros que circulan por las calles sin control y que generaron un promedio de 300 mordeduras anuales.

Los especialistas observaron que la ciudad afrontaba una "situación de descontrol de la población canina" por lo que pidieron al juez civil Marcelo Cuéllar que tomara intervención en el caso.

Pero, Cuéllar se declaró incompetente y remitió el pedido de amparo al Superior Tribunal de Justicia de la provincia al considerar que se trataba de un mandamiento de ejecución.

Los veterinarios denunciaron que había en Bariloche unas 300 mordeduras por año que requieren atención hospitalaria.

Además, señalaron que los grupos de perros liberados en las calles representaban un "alto riesgo en relación a la rabia".

El juez Cuéllar advirtió que la ley nacional 22 de lucha antirrábica y las normativas del municipio establecen "entre sus funciones y competencias planificar acciones preventivas destinadas a garantizar la seguridad y protección a sus habitantes".

Entre esas medidas, citó que la ordenanza prevé la esterilización quirúrgica como método de control.