Amia: Timerman fue imputado por responsabilizar a Irán en el ataque

El ex canciller Héctor Timerman fue imputado ayer tras haber reconocido en una conversación telefónica con dirigentes de la comunidad judía que Irán fue el país que realizó el atentado a la sede de la Amia, ocurrido en julio de 1994 y que provocó la muerte de 85 personas.

El fiscal federal Eduardo Taiano abrió un expediente a raíz de una denuncia presentada por el abogado Santiago Dupuy de Lome, quien acusó a Timerman por los delitos de traición a la patria y encubrimiento, luego de que se ventilara la conversación telefónica.

Taiano le pidió al juez Claudio Bonadío que verifique si en el fuero hay otras causas contra el ex canciller por el mismo hecho y si no fue investigado en la denuncia que presentó en su contra, como también de la ex presidenta Cristina Kirchner, el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Antes de aparecer muerto en su departamento del complejo Le Parc, Nisman había denunciado a la entonces presidenta y su canciller por el presunto encubrimiento de los acusados iraníes del atentado a la Amia.

En la conversación telefónica que motivó la denuncia recogida por Taiano se lo escucha a Timerman discutir con el ex titular de la Amia Guillermo Borger en los meses previos a la firma del acuerdo con Irán, en 2012.

"Hace 18 años que pusieron la bomba. Vos no me decís con quien negociar, me estás diciendo con quien no negociar, que vivo que sos. ¿Con quién querés que negocie entonces?", aseguró Timerman a Borger en esa charla.

Luego de que la conversación saliera a la luz, Timerman reactivó su cuenta de Twitter y cuestionó a Borger por haber registrado la charla que imaginaba privada. "¿Grababa las conversaciones en forma clandestina?", se preguntó.

Demanda. Paralelamente, Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) instaron al ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, y a la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, a garantizar la continuidad del proceso de desclasificación de archivos de la ex Secretaria de Inteligencia del Estado (Side) relativos a la causa Amia.

Diana Wassner y Adriana Reisfeld, en representación de la Asociación Civil Memoria Activa, y Gastón Chillier por el Cels enviaron sendas cartas al ministro (con copia a Mario Cimadevilla, a cargo de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la Amia) y a la procuradora y manifestaron su preocupación por la eventual paralización de la tareas que consideraron de suma importancia en el marco de la pesquisa.

En las cartas reclamaron, además, "preservar esa documentación (en referencia a los archivos desclasificados), de acuerdo al compromiso asumido por el Estado a través de los decretos 812/2005 y 395/2015".

"A partir del cambio de gobierno, los contratos de los integrantes del Gerad (Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental) no han sido renovados, lo que genera total incertidumbre sobre la continuidad de las tareas encomendadas", sostuvieron.

"Entendemos que esos documentos son fundamentales para la investigación del atentado y del encubrimiento, y es por ello que solicitamos que el trabajo no se suspenda ni retrase. Por el contrario, es preciso que optimicen los recursos dispuestos para asegurar eficacia y celeridad en la desclasificación y que sostengan la especificidad técnica e idoneidad del equipo que realiza la labor", destacaron.