Washington. — La Corte Suprema de Estados Unidos dejó sin efecto las disposiciones fundamentales de la polémica ley de Arizona contra los inmigrantes irregulares. El presidente Barack Obama saludó la resolución del alto tribunal, aunque cuestionó que dejara vigente una de sus cláusulas más polémicas.

La Corte avaló una parte de la ley que obliga a la policía estatal a comprobar el status de quienes crea que no se encuentran legalmente en Estados Unidos. La decisión judicial respaldó la cláusula llamada "muéstreme sus papeles", pero incluso en este caso los jueces dijeron que la disposición puede ser objeto de demandas legales adicionales y le restaron fuerza, al prohibir a los policías arrestar a personas bajo cargos menores de violación a la ley migratoria. La decisión sobre la ley de Arizona fue tomada en momentos en que el país se encuentra en una campaña presidencial en la que el presidente Obama ha estado cortejando a los votantes hispanos.

La decisión judicial fue unánime —8 a 0—con relación a permitir que se realice la verificación del status migratorio. El máximo tribunal estuvo dividido en torno a derogar las otras disposiciones. La Corte derogó las cláusulas que permiten requerir que todos los inmigrantes obtengan o porten papeles que demuestren que están registrados; convertir en causa penal estatal que un inmigrante ilegal busque trabajo o tenga un empleo; y la que permitía que la policía arreste a presuntos inmigrantes que carezcan de permiso de residencia sin contar con una orden judicial.

Jan Brewer, la gobernadora republicana de Arizona e impulsora de la ley, declaró que el fallo representa "una victoria" de la gente que cree en la responsabilidad de los Estados para defender a sus habitantes. Las agencias policiales serán responsabilizadas si esta ley fuese mal empleada de una forma que viole los derechos civiles de un individuo".

Los grupos que defienden los derechos civiles y que impugnaron esta legislación declararon que sus demandas seguirán en pie y criticaron el fallo de la Corte. Incluso con las limitaciones que el máximo tribunal le impuso a Arizona, la verificación del status de inmigración sigue siendo "una invitación a la etiquetación racial", declaró Omar Jadwat, abogado de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU).

El gobierno de Obama presentó una demanda para bloquear la ley de Arizona poco después de que fue aprobada hace dos años. Los tribunales federales se habían negado a permitir que entrara en vigor. La inmigración es en EEUU un asunto de nivel federal. Cinco Estados —Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah— han adoptado variantes de la ley de Arizona. Partes de dichas legislaciones también están suspendidas, a la espera del desenlace del caso testigo de Arizona.

Obama dijo sentirse complacido de que la Corte Suprema derogara partes cruciales de la ley de Arizona, pero expresó su preocupación por la cláusula que el máximo tribunal dejó intacta. "Ningún estadounidense debe vivir jamás bajo una nube de sospecha sólo por su aspecto", afirmó Obama. Agregó que la policía en Arizona no debería implementar esa cláusula de una forma que socave los derechos civiles.