La división Judiciales de la Unidad Regional II de Policía allanó cuatro
remiserías ilegales en las zonas sur, norte y oeste de la ciudad a partir de una denuncia
presentada por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad. En efecto, en la presentación se había
dado cuenta la existencia de 33 comercios que funcionan en Rosario al margen de la normas vigentes.
Se incautaron equipos de comunicación, teléfonos móviles y planillas de despacho de viajes.
Los procedimientos se realizaron el martes por la tarde en Chaco 1091 bis, Solís
1046, Carranza 890 y Provincias Unidas 977, y ayer proseguían la tareas de identificación de otros
domicilios donde operarían más remiserías truchas. No se descartaba que se realizaran más
allanamientos.
El domingo último, LaCapital anticipó la denuncia elevada por el titular de
Transporte, Mariano Savia, quien pidió la intervención policial y del juzgado de Faltas, con el
propósito de desbaratar esta actividad ilegal que conlleva riesgos para los usuarios transportados
(ver infografía).
Aparatos. Respecto de los elementos hallados, el jefe de la sección Judiciales,
José Luis Juárez, confirmó que se secuestraron equipos de radio, handies, teléfonos celulares y
planillas de despacho de viajes, aunque no vehículos.
"Estamos ante un negocio ilegal con muchos elementos que probarían la movilidad
operativa; poseen teléfono fijo o celular, pero con transferencia de llamadas a otras líneas
también fijas o de telefonía móvil. Así, los autos circulan y reciben el pedido de viaje. Y nunca
están parados en la calle", explicó Juárez sobre el modo de actuar de las agencias de remises
truchos.
Y, a modo de ejemplo, mencionó también el caso de una agencia con base en
Rosario, pero que opera en la vecina San Lorenzo. "Eso demuestra el margen que tienen para
moverse", graficó Juárez.
Juárez consideró "difícil" probar el accionar de los autos truchos.
"Lamentablemente el grado de encubrimiento y complicidad va desde el dueño del auto hasta el
usuario, que tiene miedo de denunciar", dijo.
Sin tregua. Por su parte, Savia calificó como positivos los resultados de las
investigaciones. "Hay que destacar la muy buena predisposición que tuvieron la policía y la
Justicia de Faltas. Rápidamente, tomaron los datos que aportamos (la denuncia incluía direcciones y
números telefónicos) y se ordenaron los allanamientos", destacó el funcionario.
Política. En ese sentido, también sostuvo que "la política de Estado para
combatir el transporte ilegal de pasajeros hará eje en dos cuestiones: la tarea administrativa con
los inspectores en la calle y el soporte judicial. Esto demuestra que la presentación hecha por el
municipio tenía datos serios. Hacemos relevamientos en base a los datos que recogen los
inspectores, pero es fundamental la tarea de la Justicia, que tiene la potestad de intervenir
teléfonos, ordenar los allanamientos o la detención de personas, si hiciera falta".
A mediados de 2008 el Ejecutivo local ya había denunciado ante el juzgado de
Faltas Nº 1, a cargo de Osvaldo Alzugaray, a cincuenta remiserías ilegales.