La Corte Suprema santafesina despejó el camino hacia el juicio por enriquecimiento ilícito del ex comisario mayor de la Unidad Regional II Hugo Giuliano. Se trata del primer caso en la historia de la provincia en llegar a juicio por un crecimiento patrimonial inexplicable, algo que registra contados precedentes a nivel nacional. La requisitoria fiscal de elevar la causa a juicio obtuvo luz verde porque el máximo tribunal rechazó un recurso de la defensa del policía que, ante la negativa, prepara un planteo ante la Corte nacional. El efectivo llegará al proceso en el libertad y con un embargo de 300 mil pesos sobre sus bienes.
Giuliano fue procesado en abril por el juez de Instrucción Juan Andrés Donnola tras un trámite penal iniciado hace diez años y plagado de idas y vueltas. En dos ocasiones otros magistrados le dictaron el sobreseimiento y las dos veces la Cámara Penal ordenó seguir adelante con la pesquisa. Ahora quedó sellado el camino hacia el juicio, salvo que prospere el recurso extraordinario federal que presentó su abogado, Carlos Edwards.
El expediente está en el juzgado de Sentencia Nº 4, a cargo de Julio Kesuani, donde le espera un trámite escrito. Las causas del viejo sistema por delitos contra la administración pública prevén debate oral cuando las rige el código de procedimientos de transición de 2009. Pero al tratarse de una causa iniciada en 2004, para Edwards, estaría abarcada por un código anterior que le destina trámite escrito. Salvo que alguna de las partes solicite un juicio oral y el magistrado lo considere pertinente.
Rechazo. En una resolución que se conoció ayer, los jueces de la Corte provincial Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, Mario Netri y Eduardo Spuler rechazaron un recurso de queja presentado meses atrás por Edwards. El abogado llegó a esa instancia superior luego de que el fallecido fiscal Esteban Franichevich, impulsor de la causa durante años, redactara la requisitoria de elevación a juicio. Es decir, un escrito donde consta el delito reprochado por la acusación y las pruebas que justifican la instancia de debate.
El abogado de Giuliano pidió la nulidad de la medida alegando que no especifica el "monto apreciable" del enriquecimiento. Objetó que se hable de un aumento patrimonial sin cuantificarlo "en números ni en porcentaje". El planteo fue rechazado en la Cámara Penal por el juez Carlos Carbone, para quien existe evidencia de un "incremento incongruente con los haberes del acusado", obtenido "en calidad de funcionario público" y que "no coincide con los haberes que percibía por su desempeño en la policía". Sostuvo que en todo caso la definición del monto exacto "será materia de prueba en el juicio".
Contra esa decisión presentó Edwards su queja en la Corte. Allí solicitó una revisión alegando que esa decisión pese a no ser definitiva en el proceso, causa un gravamen irreparable. Expuso que la falta de precisión sobre el monto del enriquecimiento "afecta el derecho de defensa" y que con esta medida "se lesiona el derecho de su propiedad" de su cliente, dado que el delito prevé pena "de multa y de inhabilitación, importando esta última la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro". Por último, cuestionó que Carbone interviniera sin sorteo previo y que haya resuelto el incidente de manera unipersonal y no en un tribunal de tres magistrados.
Los jueces de la Corte rechazaron la queja porque la decisión judicial cuestionada "no es sentencia definitiva" ni es una medida que "ponga fin al pleito o impida su continuación". Tampoco advirtieron un "gravamen irreparable" para el imputado que justifique la intervención del máximo tribunal. Con esto se mantiene el trámite hacia el juicio continúa, aunque no sin obstáculos.
Es que Edwards interpuso un recurso federal a fin de que la Corte nacional revise el asunto. De eso deben correrle vista al fiscal de Cámaras Guillermo Camporini. Luego la misma Corte santafesina decide si envía o no el pleito a Buenos Aires. Si se opone, de todos modos la defensa puede acudir "en queja". Para el defensor, el trámite de este recurso suspende el proceso hacia el juicio. Aunque la fiscalía entiende que sólo si el nuevo recurso es admitido podrá suspender el avance natural de la causa.
Sin razón. Giuliano fue procesado porque el juez Donnola -quien por una reorganización del viejo sistema recibió el proceso dos meses antes de expedirse- consideró que en diez años el funcionario no consiguió acercar ninguna constancia que demuestre la razón de su crecimiento patrimonial, constatado tanto por la Dirección de Asuntos Internos como por una perito contable de la Corte Suprema provincial.
Se trata de una medida infrecuente en Santa Fe, donde las causas por delitos económicos no suelen ser prioritarias. E incluso a nivel nacional se registran contados casos de juicio por enriquecimiento ilícito: en la búsqueda de jurisprudencia Edwards recopiló tres. El más resonante, el seguido a la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray, condenada a tres años en 2004.
Giuliano fue jefe de la Agrupación Unidades Especiales de la policía rosarina, estuvo al frente de un par de departamentales en el sur de Santa Fe y se retiró en 2007. La investigación se inició en 2004 a partir de una denuncia de la organización policial Apropol presentando constancias del movimiento de fondos de tres cuentas en bancos privados y detalle de varios bienes.
La figura de enriquecimiento ilícito tiene un trámite diferente porque antes de abrir la causa penal se le da al titular la oportunidad de demostrar un origen lícito. En esa investigación preliminar se descubrieron varias propiedades, títulos públicos, dos autos, una lancha y viajes reiterados al exterior. Algunos bienes eran propios y otros de familiares consanguíneos inmediatos. En 2008 se abrió el expediente penal.
La causa estuvo años sin que Giuliano fuera citado a indagatoria, lo que prolongó los plazos. Finalmente, Donnola concluyó que el enriquecimiento no pudo demostrarse por medios lícitos. Se basó en el informe de la perito contadora de la Corte Elida Pujato, quien concluyó que el oficial tiene un conjunto de bienes mucho mayor al su nivel demostrado de ingresos y llamó la atención "en forma casi terminante sobre la ausencia de documentación respaldatoria". No hubo constancias de una alegada administración de un taxi, ni de una agencia de quiniela ni de una supuesta donación familiar en dólares.
Analizan fallo sobre Cáceres
“Estamos analizando y realizando una lectura amplia de la resolución”, dijo el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini, aún en plazo de apelar, sobre el sobreseimiento del ex jefe de policía de Santa Fe Daniel Ricardo Cáceres en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El comisario general, quien fuera jefe de la policía de la provincia en dos administraciones políticas de signos distintos entre octubre de 2007 y diciembre de 2009, fue beneficiado con esa medida la semana pasada por la jueza de Instrucción Delia Paleari —y no por la magistrada Alejandra Rodenas, como erróneamente consignó este diario en su edición del pasado viernes— porque consideró “justificado el origen lícito de su incremento patrimonial de manera convincente”, según sostuvo en su resolución judicial.
