Edición Impresa

Allanan administradora de un hotel de Cristina

Lo ordenó el juez Bonadío a partir de una denuncia de la diputada opositora Stolbizer sobre posibles irregularidades en los balances de la empresa.

Viernes 21 de Noviembre de 2014

El juez federal Claudio Bonadio dispuso ayer el allanamiento de una de las oficinas de la empresa Hotesur, que administra el hotel Alto Calafate de la presidenta Cristina Kirchner, a raíz de una denuncia presentada por la diputada opositora Margarita Stolbizer.

Fuentes judiciales informaron que el allanamiento tuvo lugar en una de las oficinas de Hotesur en Lavalle 975 de la ciudad de Buenos Aires, pero se encontraba vacía. Además, el magistrado dispuso operativos en la Inspección General de Justicia (IPG) y en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), de donde la Policía Metropolitana se llevó documentación vinculada a la firma.

La denuncia fue presentada por Stolbizer (GEN-FAU) la semana pasada a raíz de un informe periodístico que indicó que Hotesur no presentaría sus balances y declaración jurada de bienes recientes ante la IGJ.

Stolbizer radicó una denuncia por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, tras lo cual el fiscal federal Carlos Stornelli pidió la apertura de una investigación formal.

En ese marco, el juez ordenó el procedimiento en la empresa y también un allanamiento en la IGJ de donde secuestró legajos originales de Hotesur presentados en años anteriores.

Además, promovió una orden de presentación en la Afip, lo que implicó que una comisión de la policía Metropolitana fuera a pedir documentación que el juez requiere.

A raíz del informe periodístico, la diputada Stolbizer señaló que Hotesur no presenta balances ante la IGJ desde 2011.

Stolbizer pidió que la Justicia investigue si la jefa del Estado pudo haber incurrido en los delitos de "violación de los deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad".

La legisladora explicó que "la base de la denuncia es el ocultamiento de la información" porque "la IGJ se había convertido en una cueva de ocultamiento de información".

Por su parte la Afip aclaró que la Justicia le requirió información mediante una orden de presentación a la que asistió con personal de la policía Metropolitana y testigos.

Según indicó el organismo, hizo "entrega de toda la información requerida por el juzgado a cargo de Bonadío, con la intervención de la Fiscalía Nº4 a cargo del fiscal Carlos Stornelli".

"Afip señala que generalmente este tipo de información la Justicia la pide por oficio, siendo extraordinario y poco frecuente que la Justicia haga este requerimiento mediante una orden de presentación, como ocurrió en este caso", indicó el organismo.

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario