Ahora habrá fuertes controles en aceite reciclado para biodiesel

La denuncia de un concejal desnudó serias falencias en el proceso para generar biodiesel en base a aceite usado para el transporte urbano. Las objeciones del edil Rodrigo López Molina (PRO) al convenio firmado entre la Semtur y una cooperativa de recicladores para generar combustible híbrido con aceite usado en frituras generó la reacción del municipio. Y ahora el Ejecutivo resolvió incorporar fuertes controles al procedimiento para evitar riegos ambientales y sanitarios.

El subsecretario de la Producción, Martín Rosúa, confirmó a LaCapital que la intendenta Mónica Fein tiene a la firma el decreto reglamentario del programa de biotransporte, creado en diciembre de 2008 por el Concejo.

Aquella ordenanza habilitó la gestión de aceites vegetales usados provenientes de la elaboración de alimentos y comidas para la generación de biocombustibles.

Este año la Intendencia dio un paso más y a través de la empresa del transporte Semtur firmó un convenio con la Cooperativa de Trabajo Reciclado Rosario Sur para que los colectivos de la firma estatal utilizaran el biodiesel producto del aceite reciclado por los cooperativistas.

El acuerdo fue cuestionado por el edil López Molina, quien el mes pasado consiguió que el Concejo apruebe un pedido de informes al gobierno municipal respecto a la recolección del aceite usado, su transporte, acopio, reconversión y traslado a los surtidores.

"Apoyamos y reconocemos la importancia de las cooperativas, pero creemos que la manipulación de determinados materiales para la producción de biodiesel debe realizarse en condiciones de máxima seguridad", expresó por aquellos días. Y luego manifestó su preocupación por la "liviandad con que la Municipalidad enfrentó el tema".

Según pudo saber este diario, los cuestionamientos del PRO al convenio, que ya había permitido reciclar unos 30 mil litros de aceite, llevaron a Fein a sacar el asunto de la órbita de la Subsecretaría de economía Solidaria y derivarla a Producción.

"Para la intendenta el proceso debe hacer dentro de la economía formal, con todos los resguardos establecidos en las normas dispuestas por la Secretaría de Energía de la Nación por eso nos encomendó reglamentar la ordenanza para precisar bajo qué condiciones se puede reciclar el aceite y generar biodiesel", indicó Rosúa.

López Molina apoyó la decisión del Ejecutivo. "Celebramos que a partir de nuestras denuncias el Ejecutivo haya tomado nota de la gravedad de la situación y avance hacia una reglamentación rigurosa del proceso", planteó.

El concejal macrista recordó que "todo el proceso, desde el acopio del aceite vegetal usado hasta su elaboración como biodiesel, requiere de un especial tratamiento y el cumplimiento de determinados requisitos antes de ser utilizado como combustible en el transporte urbano rosarino".

Al respecto, López Molina advirtió que "un mal proceder puede generar daños ambientales, sanitarios tanto en la población como en el personal que manipula el aceite como así también está el peligro de la reutilización del aceite para alimentación".

En este aspecto coincidió Rosúa. "En algunas ciudades del país hay denuncias que no se controló debidamente la trazabilidad del proceso y se reutilizó el aceite que sobró del reciclaje para consumo humano cuando es altamente tóxico", aseveró.

El funcionario aclaró que la reglamentación de la ordenanza de biotransporte comenzó a gestarse "el año pasado, antes que el PRO objetara el procedimiento en el Concejo. Incluso se firmó un acuerdo con la Fiem (Fundación de Investigaciones Energéticas y Medioambientales) para auditar el escenario y perfeccionar lo que se estaba haciendo".

En el texto que tiene a la firma la jefa comunal se crean cuatro figuras diferenciadas para el reciclado de Aceites Vegetales Usados (Avus): generadores, transportistas, almacenadores y operadores.

Entre los primeros se encuentran los bares, restaurantes, hoteles, hospitales, comedores comunitarios, rotiserías y empresas de catering. Los transportistas deben contar con vehículos especiales que garanticen la bioseguridad del material transportado.

Los almacenadores y operadores tendrán que cumplimentar también una serie de exigencias medioambientales.

El incumplimiento de estas medidas supondrá el pago de multa que irá de 185 a 55 mil litros de gasoil.