Agua que no has de beber...

La Constitución nacional en su artículo 42 cita el derecho a la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos, que las autoridades proveerán a su protección y que efectuarán campañas de educación para el consumo.

El agua potable como el aire son elementos y recursos naturales vitales e imprescindibles para la vida misma, un derecho humano de primer orden, esencial y escaso, por lo que no estamos ante una mercancía sino ante un patrimonio ambiental básico del Estado.

Pese a estas premisas, muy pocas recomendaciones recibimos los usuarios en torno al cuidado de este bien preciado y mucho falta por hacer para reparar décadas de obsolescencias que hacen al derroche por causas estructurales y del mal uso, es decir la materia del agua no ha formado parte hasta ahora de nuestra preocupación, a no ser por esquivar los pozos que tutelan los corralitos en calles y veredas de la ciudad.

Donde los estándares nacionales e internacionales hablan de un consumo de 200 a 250 litros diarios en Rosario estamos en 500 a 600 litros, obvia entonces la necesidad de promover un fuerte incentivo al ahorro, al no derroche como uno de los ejes de la cuestión tarifaria, porque con la conciencia ambiental produciendo una disminución de la demanda, y con la empresa invirtiendo en paliar sus obsolescencias, el correlato no será otro que la reducción de quebrantos cambiando la realidad de lo que se pierde por cada litro producido.

Las necesidades y requerimientos presupuestarios han puesto bajo examen la cuestión tarifaria, pero también la de los subsidios que en el caso del agua representan la diferencia entre el precio real y el precio cobrado, que cubre el Estado provincial y que para el corriente año se estimaba en $ 126.000.000 para sostener los costos operativos para la producción y provisión del servicio. Es un déficit reducido parcialmente a partir del incremento de la tarifa; aún resta la modificación del marco regulatorio perviviendo este sistema inverso e injusto de subsidiar a todos por igual, desde el centro a la periferia, desde el más rico al más pobre, y peor aún, al que cuida el recurso y al que lo dilapida, configurando una paradoja donde la razonabilidad entra en crisis.

Zonificación, umbrales de consumo, premios y castigos, utilización de alternativas para los requerimientos de agua no potable en edificios, nuevos barrios, industrias y particular atención y especiales tarifas cuando el agua potable representa una materia prima a la que se agrega valor para su comercialización o es un insumo para industrias, ordenanzas y ejercicio del poder de policía, incentivos etcétera, son las propuestas que por escrito presentó la Oficina Municipal del Consumidor a la Empresa y al Organo de Control durante la audiencia pública, instituto democrático que más tarde o más temprano deberá trasladarse al resto de las empresas de servicios públicos.

A reciprocidad del incremento (planificado en tres etapas, por lo cual a fin de año dos tercios de los usuarios residenciales terminarán pagando entre un 20 por ciento y el 50 por ciento más caro el servicio y el resto hasta un 65 por ciento, que no alcanzará para resolver la ecuación, presuponiendo la posibilidad de nuevos ajustes), deberá la empresa esmerarse en cuestiones tales como: acabar con las depresiones en las calles de la ciudad, los corralitos, resolver el motivo del más frecuente reclamo ante esta Oficina, la escasa presión del agua en algunas zonas y aplicar el Reglamento del Usuario garantizando una adecuada presión permanente de agua y ante las deficiencias que no se regularicen en 5 días, resarcir con reducciones tarifarias (desde el día del reclamo hasta la normalización), del 20, 40, 60 y hasta el 100 por ciento según la gravedad, sobre la totalidad de los servicios facturados.

Una mayor justicia tarifaria tendrá plenitud cuando se revierta la actual relación entre 38.000 medidores sobre 375.000 usuarios con consumos estimados –a partir de la superficie del terreno y edificación– asignación que puede resultar excesiva. En esos casos, solicitar el medidor, costará $ 250 más impuestos a financiar en 6 bimestres y cuya instalación deberá hacerse antes de los 3 meses, superado ese plazo, el prestador facturará sólo el 50 por ciento del volumen asignado al inmueble y que no podrá superar los 30 metros cúbicos bimensuales.

También en la emergencia y ante los magros haberes que perciben jubilados y pensionados es importante la información que produzca la propia empresa con la difusión en la boleta sobre las exenciones especiales para quienes perciben el mínimo y a la vez son titulares y moradores del inmueble que equivale a eximirlos del cargo fijo que en un servicio de agua, cloaca y pluviocloacal asciende a $ 17,00.

Lo cierto es que los servicios públicos cada vez tienen mayor participación en el gasto de las familias: que los importantes cargos en la luz y el gas no están derogados sino suspendidos, que hay una necesidad de las empresas proveedoras por el cierre de sus números. Debemos entonces exigir a estas últimas acciones ejecutivas que eviten o atemperen la problemática. En nuestro rol de consumidores, desde el Instituto de la Audiencia Pública debemos desarrollar una actividad crítica y fundamentada en torno al tema que nos ocupa, defender la trascendencia de una visión no economicista, por tratarse de un derecho humano.

(*) Jefe de la Oficina Municipal del Consumidor