El abogado Carlos Varela sostuvo que Roberto Pimpi Camino, sindicado como autor intelectual de los disturbios registrados en Newell’s hace nueve días, podría presentarse hoy ante la jueza Alejandra Rodenas.

Varela adelantó que al momento de plantear la defensa de su cliente hará valer elementos que constan en la causa que, según dice, avalan la idea de que el grupo allegado a Camino no acudió a copar las instalaciones del club, sino que reaccionó a un ataque violento de personas que intentaron vedarles el derecho a reempadronarse.

El argumento se extraería de la declaración de Jonathan S., un chico de 17 años vinculado a la fracción de Pimpi, que aseguró en Tribunales que un hombre en el interior del club efectuó tres disparos cuando llegó el grupo en el que se encontraban los 17 detenidos.

Quien disparó, según el testimonio, sería Pedro Bismar, alias "Loco Demente", quien acudió a Tribunales para ponerse a disposición tras ver que se lo había mencionado en el incidente.

"Hipócritas". Varela expresó estar "asqueado por la hipocresía de muchos periodistas y miembros de la Justicia provincial que, según parece, el 14 de diciembre y nunca antes descubrieron que Pimpi es algo así como el Gordo Valor", sostuvo.

"Si Eduardo López hubiera ganado las elecciones — siguió Varela—el 80 por ciento de los que ahora se dicen complacidos porque persiguen a Pimpi le estarían pidiendo camisetas y plateas para poder entrar a la cancha, que es lo siempre hicieron antes".

Roberto Camino, de 38 años, fue sindicado durante siete años como líder de la barra brava de Newell’s Old Boys. La semana pasada la jueza Rodenas lo consideró a él y a dos de sus hermanos como los líderes de una acción planificada para proveerse de armas, conseguir vehículos, cometer delitos y generar un estado de conmoción pública en las inmediaciones del club el pasado 26 de enero.

Varela dijo no negar que ese grupo liderado por el cliente que representa "pudo tener" un accionar violento. Pero refuta el planteo judicial de que la acción fue planificada. Para él, se trató de una réplica a una acción previa.

La jueza Rodenas acusó a los 17 detenidos de intimidación pública agravada, un delito no excarcelable.