Los crímenes que se juzgan en los Tribunales Federales de Rosario en la causa Díaz Bessone son crímenes imprescriptibles de terrorismo de Estado considerados de lesa humanidad, y cometidos de manera organizada y sistemática utilizando para ello las instituciones estatales. Hay que notar que las listas y legajos de las personas secuestradas y desaparecidas se encontraban en el Comando del II Cuerpo de Ejército, y que las personas secuestradas eran alojadas y torturadas en las instalaciones del Servicio de Informaciones sito en el ex edificio de la Jefatura de Policía y de la Gobernación de la Provincia. Pronto hará 50 años que llevo trabajando en la justicia penal, primero en la justicia de instrucción en la ciudad de Rosario, y desde hace más de treinta años en el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Trato al Delincuente (Ilanud). "La justicia penal es como las víboras, muerde a los descalzos", supo decir el obispo Casaldáliga en una frase que sintetiza algo harto verificado por la criminología y la sociología criminal: que las personas que tienen mucho poder logran en gran número evadir la Justicia con impunidad, mientras que, por el contrario, la justicia penal castiga de manera desproporcionada a los más débiles. Trabajando por mi función en esta materia en toda la región de América latina y el Caribe, y teniendo asimismo la oportunidad de conocer también el funcionamiento de la justicia penal en países de otras regiones del mundo, puedo observar que en un momento internacional muy difícil nuestro país durante los primeros años del advenimiento de la democracia y en la actualidad durante el curso de los últimos diez años, ha hecho de la función de la justicia penal en los casos de delitos de lesa humanidad una política de Estado. El país está produciendo una justicia penal más justa, y sentencias de la Corte Suprema de Justicia son citadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y afianzar la Justicia es tan importante para afianzar definitivamente nuestra democracia y una sociedad con menos violencia, en la que los hechos que hoy juzga este tribunal no se vuelvan a repetir. Aunque sin duda, es mucho lo que queda por hacer, estoy convencido de que el país va por buen camino.

Elías Carranza / Criminólogo