"Los que consumen drogas y no pueden dejar de hacerlo, los que quieren una ayuda que no encuentran, los que consumen y no quieren morir víctimas de una sobredosis o de la violencia, los que se infectaron del virus del Sida o de hepatitis. Todos merecen más que discursos oportunistas sobre las drogas y el narcotráfico, merecen una nueva política de drogas traducida en acciones, programas, dispositivos, recursos y leyes". Definitiva, la directora del Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencia y Sida (Ceads), Silvia Inchaurraga, advirtió sobre la necesidad de abordar el uso de sustancias como una problemática de salud pública e implementar estrategias de prevención y tratamiento que efectivamente lleguen a los usuarios.
El Ceads depende de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y conduce el Servicio Asistencial en Drogadependencias y Sida (Sadys) que funciona en el Centro Regional de Salud Mental Agudo Avila, de Suipacha al 600, donde las crisis asociadas al consumo de drogas ya son la segunda causa de consultas que se reciben en la guardia (ver aparte).
Paradójicamente, el de la UNR es el único servicio de adicciones que funciona en el hospital y los diez profesionales que trabajan allí son ad honórem, algunos hace diez o cinco años.
El modesto consultorio está al fondo de uno de los corredores del Agudo Avila. Sobre la puerta, etiquetas negras señalan: "Ni faloperos ni drogadictos, ciudadanos", el slogan de una campaña para mejorar el acceso de los usuarios de drogas al sistema de salud.
"La propuesta actual es que todos los centros asistenciales atiendan la demanda de los usuarios de drogas, lo cual conceptualmente está bien. Pero en la práctica no todos están preparados para recibir a estos pacientes, que son complejos y requieren una clínica especial", explicó la coordinadora del Sadys, Adriana Nuñez.
Actualmente, el servicio recibe unas 50 personas y hay otras más en lista de espera. Todos son mayores de 18 años, la mayoría con historias de consumo de alcohol mezclado con otras sustancias.
El tratamiento, ambulatorio y basado en el psicoanálisis, apunta a la reducción de daños. Es decir: no pone a la abstinencia como condición del tratamiento, ni a la sustancia como causa sino como consecuencia del problema. Ambas cuestiones, basadas en una certeza: el fracaso de las políticas de represión y abstinencia contrastado, entre otras cosas, con el descenso de la edad de inicio en el consumo, la extensión del mercado de las drogas, con sustancias cada vez más tóxicas y baratas, y problemas sanitarios.
"El consumo de drogas es un problema de salud que no va a resolver el brazo punitivo del Estado. Lo que deben hacer los poderes públicos es crear las condiciones para que el acceso de los usuarios al servicio de salud sea posible", destacó Rafael Echaire Corutchet, uno de los psicólogos del servicio.
Y en esto, los profesionales del Sadys no sólo incluyen el acceso a tratamientos sino a la educación y la información. "El Estado debe acercarse a los usuarios de drogas con algún abordaje de dispensarios abiertos, con mensajes y dispositivos amigables y con un bajo umbral de exigencia", apuntan.
Para Inchaurraga, "ante la magnitud del problema es necesario un abordaje amplio y coherente del Estado en prevención, asistencia y reducción de daños y la necesidad de una nueva ley que definitivamente acompañe a los abordajes de salud".
"No hay que seguir escondiendo los problemas, sean sociales como la pobreza o la crisis de las instituciones, o subjetivos como el sufrimiento detrás de las drogas, ni utilizarlos en medio de peleas políticas", indicó.
