Hace 16 días Federico Faggionatto Márquez dejó de ser el juez de la principal causa por la ruta de la efedrina. Mario Roberto Segovia deseaba eso al punto de decirlo sin tapujos en entrevistas radiales y escritas. Pero el sueño cumplido del rosarino detenido hace un año en la cárcel de Ezeiza tuvo duración efímera. Ocurre que la nueva encargada de la investigación acaba de ratificar la validez de toda la prueba acumulada en el juzgado de Zárate Campana. Y con efectos notoriamente más duros para el círculo íntimo del principal acusado.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado fue más allá de su antecesor al dictarle la prisión preventiva a cinco personas del entorno de Segovia —tres familiares directos y dos abogados—como miembros de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes. Los procesamientos están agravados por la valoración de que el grupo conforma una asociación ilícita.

El sustento de la acusación está en los múltiples legajos que definen. para la jueza, que Mario Roberto Segovia seguía operando desde la cárcel en el tipo de ilícitos por los que fue apresado en noviembre de 2008. La magistrada reconoce eso pese a deslizar que asumió una investigación "voluminosa y poco prolija".

La última vez. El tan publicitado operativo del 12 de octubre con Faggionatto en Rosario —que implicó ocho detenciones tras 27 allanamientos— no puso en evidencia nuevos hechos delictivos. Pero la jueza dice que esas acciones de hace veinte días exponen ramificaciones verificadas a partir de hechos viejos. Y también “nuevos participantes que se sumaron para darle más envergadura y logística al ilícito negocio que parecía haberse desbaratado”.

En la página 12 de un texto que rubricó este miércoles, la jueza Arroyo Salgado define que Segovia, pese a estar privado de libertad, siguió operando desde la cárcel, “o al menos manteniendo vigente y agazapada su organización criminal”.

También plantea que está clara la continuidad delictiva con la detención de varios imputados. Que ello “robustece la idea de que estamos ante la real existencia de una organización eficazmente instaurada para la comisión de sucesos de tenencia y tráfico de estupefacientes o de las materias primas para dar base a los mismos”.

La jueza efectúa en su fallo un análisis detallado de las acciones de cada uno de los recientes detenidos que, a su criterio, revelan la existencia de una asociación ilícita.

La mujer. Gisela Itatí Ortega, de 30 años, es considerada el ejemplo más auténtico de la continuidad del accionar de un grupo ilícito. La magistrada la denomina “brazo ejecutor de su consorte privado de libertad”. Las acciones desplegadas con Segovia preso demuestran que encarnó un verdadero rol protagónico y no secundario, entiende la jueza, para hacer perdurar a la banda. El tráfico de mails y escuchas telefónicas sacó a la luz, de manera contundente, que era quien cumplía estrictamente con las directivas de Segovia desde la cárcel.

La jueza destaca el valor de conversaciones mantenidas por los esposos entre el 4 y 10 de septiembre de este año a través de un teléfono celular Nextel (ID654*624). Las desgrabaciones exponen cómo Gisela adopta un papel primordial en el manejo de los asuntos del grupo. Eso queda plasmado en mensajes electrónicos que recibe la mujer. En ellos, establece la jueza, Segovia la instruye sobre las fórmulas necesarias para la producción de estupefacientes, con énfasis en que no queden copias en la base de datos del locutorio donde fueron impresas esas fórmulas.

Además queda clara en Gisela la figura de intermediaria entre Segovia y terceras personas: ella recibía y entregaba “importantes sumas más que probablemente de procedencia y/o destino ilícito”.

El cuñado. Gonzalo Ortega, de 24 años, es hermano de Gisela. Se definió que tuvo una activa participación en el grupo a partir de los diálogos telefónicos interceptados, que revelan su relación con personas, lugares y actos implicados en la causa. Las escuchas muestran a Gonzalo explicando a Segovia que estudiaba “el manual en español” lo que, infiere la magistrada, se refiere a la preparación de la efedrina. En la casa allanada del joven hace 20 días se encontraron manuales de química con anotaciones manuscritas e indicaciones sobre manejo de precursores químicos.

También hay diálogos en los que Segovia le sugiere recomendaciones para descartar cualquier seguimiento. Gonzalo aparece relacionado directamente con personas a las que identifican como “el dueño del perro” o “el otro” a los que el avance de la causa reveló como destinatarios de los envíos de efedrina. Se aprecian en la causa viajes al exterior de Gonzalo a modo de intercambio de mercadería por dinero, diálogos con Segovia en los que se evidencia su conocimiento del negocio y la voluntad de retornar a la actividad con algunos recaudos.

La suegra. A Antonia María Moreno, 56 años, madre de Gisela y Gonzalo, la jueza adjudica un rol asignado en la organización delictiva. La complica la transcripción de una llamada efectuada a horas de la detención de Segovia, en 2008, en la que alguien le comenta a ella que “ya hicieron desaparecer las cosas de Marito”. En reiteradas ocasiones esta mujer aparece como guardadora de importantes sumas de dinero —en dólares y euros— de atribuida procedencia ilícita.

En una charla interceptada por la Side, Segovia le hace saber a Gisela que Rafael Di Zeo —conocido barrabrava de Boca Juniors que comparte con él en el mismo pabellón— en una salida transitoria pasará a buscar por la casa de Antonia Moreno “el dinero pactado” que ella guardaba.

La jueza señala a Antonia como nexo entre Segovia y terceras personas. Y subraya que no puede simplificarse su aporte a la banda: le atribuye un rol de administradora de dinero y de información que excede el simple silencio.

La jueza Arroyo concluye que Gisela Ortega, su hermano Gonzalo y su madre tienen “vinculación intrínseca, central y nuclear” con la actividad organizada de Mario Segovia.

Abogado I. Hugo Páez Alvarez, de 41 años, quien fue secretario del Tribunal de Etica del Colegio de Abogados de Rosario, fue acusado de ocuparse de blanquear el dinero proveniente del negocio ilícito de tráfico de estupefacientes, a través de la formación de una empresa fantasma que tenía como pantalla dedicarse a no constatados negocios inmobiliarios.

Se lo sospecha vinculado a la escrituración de un inmueble ubicado en Montevideo al 1300 en Rosario que sería de Segovia. Además está acreditado que adquierio”una camioneta Dodge Ram 2009 a su nombre y extendido una cédula azul autorizando a conducir a nombre de Gisela Ortega. La jueza entiende que la cesión de un vehículo extremadamente costoso —vale 45 mil dólares— a la mujer del sindicado líder del grupo delictivo lo implica en la red.

Aboogado II. Ariel González Zevallos, 41 años, también queda acusado de ocuparse de operaciones financieras del grupo y lavado de activos. Conversaciones telefónicas lo señalan como el proveedor de dinero para viajes al exterior de personas vinculadas a la banda. Segovia menciona en otros diálogos los roles que espera de Zevallos en términos de aportes de efectivo y guarda de dinero ya producido. Esos tramos de contactos evidencian, para la jueza, “la voluntad participativa de Zevallos en la actividad organizada colocándose a disposición de Segovia para lo que guste mandar para la realización de nuevos objetivos criminales”.