El traslado a Chile de legisladores, jueces, gremialistas y funcionarios del Ministerio de Justicia de la semana pasada suponía una experiencia de laboratorio: constatar in situ la forma de enjuiciamiento de delitos en el que Santa Fe se inspiró para reemplazar su actual sistema escrito. Tras esa observación asoma un saldo de acuerdo: más allá de matices todos aceptan que el esquema chileno, muy superador, es el modelo hacia el que hay que ir. Aunque discutiendo sus dificultades y algunos de sus rasgos polémicos.
  Pero el entusiasmo no es todo. El nuevo sistema será, como se pudo ver, más justo, rápido y eficaz en el juzgamiento de delitos. Pero montarlo, además de tiempo, requiere de ajustes de las normas de implementación. Y de mucha plata.
  La iniciativa de ir a Santiago para ver cómo funcionan las audiencias orales, cómo trabaja la policía, cómo es la ingeniería administrativa para tener juicios rápidos ahorrando recursos fue una estrategia de persuasión: lo que exige un caudal de lectura exigente allí se lo aprendía en instantes. Esa seducción el gobierno provincial la requiere para las dos discusiones legislativas que se vienen.
  La primera, las leyes que el Senado, con mayoría opositora, debe aprobar para que el modelo oral marche. La otra es el presupuesto para hacerlo. La reforma requiere alquilar inmuebles para las audiencias, luego una infraestructura edilicia en todas las áreas judiciales de la provincia. También recursos para tecnología digital en audio, el registro de archivo que reemplaza el papel de los actuales expedientes. Se demandará más personal, ante todo para la recepción de denuncias y la administración. Y fondos para la capacitación exigida por todas las nuevas tareas. El ministro de Justicia, Héctor Superti, calcula que lo necesario, en costos operativos, son 70 millones anuales.
  Para abrir la mano, otra vez será crucial la compuerta del Senado. El estado financiero de la provincia puede no ayudar, pero este proyecto no es el capricho de un sector sino una política de estado: la reforma del procedimiento que trae el juicio oral y público fue aprobada por el peronismo en 2007. Y nadie, filosóficamente, puede defender el decrépito sistema actual sin incendiarse, en especial luego de que la Corte Suprema nacional dijera que es una vergüenza.
  Si nadie auspicia lo viejo, lo nuevo deberá hacerse. Pero habrá discusión. “Todos quieren el cambio. La cuestión —dice Superti— es qué cambio”.

Puntos esenciales. El reparo es a que bajo el ademán de alteraciones leves el sistema tradicional sobreviva enmascarado. El ministro dice estar dispuesto a enmiendas pero si se alteran pilares del cambio, asegura, se va a la casa. Entre lo innegociable figura que las fiscalías no tengan, como hoy, vinculación con la Corte Suprema a través del procurador: los que investiguen de acá en adelante (Ministerio Público) deben ser autónomos del máximo tribunal provincial bajo la cabeza de un fiscal general. Otro punto es que la defensa tiene que ser pública e integral en todo el territorio. Otro, la división entre gestión judicial y administración.
  El gran tema es que ninguno de los actores del proceso penal —fiscales, defensas, tribunales— sea el dueño de la pelota: que cada parte tenga su rol, su autonomía y se evite la concentración de poder propende a hacer los juicios transparentes y más justos.
  La mitad de la Corte estuvo en Chile: Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi y Mario Netri. Por el derrotero de algunos de sus integrantes —designaciones, lazos políticos, trayectorias— el máximo tribunal es blanco de críticas de quienes lo suponen apegado más a lo tradicional que a lo nuevo. Pero más allá de inevitables juicios de valor, los ministros expresaron compromiso y adhesión al cambio. “El sistema que vimos en Chile funciona bien y es posible”, dijo Falistocco.
  Lo que cree el titular de la Corte es que, para dar viabilidad al nuevo esquema, al gobierno le hace falta un articulador que enlace a los actores de los distintos poderes como quien cose los retazos de una manta. Los tres ministros estuvieron en audiencias de juicio, en charlas con fiscales y ministros chilenos en rutinas de casi diez horas diarias. Gastaldi con algunas intervenciones muy lúcidas.
  El sistema hizo impacto visual en jueces y legisladores. Para los primeros —una generación joven de magistrados, la mayoría docentes— fue reforzar una convicción que ya traían. En los legisladores fue despertar a la dimensión práctica de lo que se discute en las cámaras. Los opositores del PJ presentes—los senadores Ricardo Kaufmann, Eduardo Rosconi y Rubén Pirola y el diputado Adrián Simil— tendrán la más difícil cuando debatan entre sus pares los fuertes desembolsos que implica la reforma en Santa Fe. Que deben tomarse como inversión: hoy el sistema, ineficiente, también es caro.
  La transición del sistema viejo al nuevo durará unos veinte años. Entre miembros de los tres poderes, la disposición a entender y a cooperar para dar un salto de calidad en Santiago pareció palpable. En Chile la reforma fue una esforzada construcción colectiva: la votó por unanimidad el Congreso en 1999 y se adoptó como política de Estado. Si este espíritu prevalece la provincia tendrá la chance de garantizar un juicio mejor a sus ciudadanos.