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Acuerdan controlar la salud de los presos

Lo hicieron los ministros de Salud y Seguridad de la provincia después de que la Justicia hiciera lugar a un hábeas corpus del Defensor provincial

Domingo 06 de Abril de 2014

Los ministros de Seguridad y Salud de la provincia, Raúl Lamberto y Mario Drisun, acordaron ayer una serie de medidas de acción vinculadas con la situación de salud de las personas privadas de su libertad y alojadas en las comisarías y dependencias policiales.

La reunión se dio en el marco del pedido que el viernes realizó una jueza tras una audiencia oral y pública en la que se trató el recurso de hábeas corpus presentado por el Defensor General de la provincia, Gabriel Ganón, en representación de todos los privados de libertad en seccionales de policía santafesina, trámite judicial del que dio cuenta este diario en su edición de ayer.

El encuentro se hizo en la delegación del Ministerio de Salud en Rosario y contó con la presencia del secretario de Seguridad Pública, Matías Drivet; el subsecretario de Emergencias y Traslados, Jorge Stetler; y los asesores del Ministerio de Seguridad, Daniel Cuenca y Cristian Caturelli.

La presentación de Ganón se basó en un relevamiento de las condiciones de detención realizado en las dependencias policiales entre el 2 y el 9 de enero pasado. Entonces se supo que había 1.379 presos en comisarías y la alcaidía de la UR II, población que excede las 770 plazas que según el conteo del Ministerio de Seguridad están disponibles en Rosario.

Tras detallar las deplorables condiciones edilicias de las comisarías, Ganón sostuvo que "no hay revisión médica de los detenidos en el ingreso y el egreso, hay un paupérrimo acceso de las embarazadas a un debido cuidado y no hay provisión de fármacos más allá de las muestras gratis que aporta el personal policial o la familia", por lo que la jueza Roxana Bernardelli intimó a la provincia a que resuelva la situación y controle el estado de salud de los presos.

Por eso ayer se reunieron Lamberto y Drisun, quienes acordaron "realizar un nuevo relevamiento en materia de salud, suscribir un convenio o resolución entre ambas carteras ministeriales, designar un profesional responsable de elaborar un informe y supervisar la situación general, y constituir un equipo multidisciplinario de abordaje y apoyatura" para todos los detenidos. Ahora, ese acuerdo deberá ser presentado ante la Justicia, que deberá controlar la ejecución del mismo.

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