Las causas judiciales la llamada "mafia de medicamentos" y el espionaje telefónico que involucraría al gobierno porteño dominarán el escenario desde febrero, cuando se reinicie hoy —luego de la feria de enero— la actividad en el Palacio de Tribunales y en los juzgados federales del barrio de la Capital.

  Para mañana está previsto el primer acuerdo del año de la Corte Suprema de Justicia y se anticipa la presencia de todos sus miembros.

  Si bien hasta el lanzamiento del año judicial previsto para fin de mes no se conocerán los temas de relevancia para el máximo tribunal en el 2010, sus integrantes se abocarán al tratamiento del amparo presentado por la provincia de San Luis contra el decreto que dispuso el pago de deuda pública con reservas, tras haber recibido durante la feria de enero un informe del gobierno nacional justificándolo.

  En los tribunales federales de Retiro, por otra parte, el juez Norberto Oyarbide definirá este mes la situación del ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski en la causa por el espionaje telefónico ilegal que se descubrió a fines del 2009.

  Según fuentes judiciales, el magistrado procesaría al ex funcionario sin prisión preventiva por haber contratado en su cartera al detenido espía Gerardo Ciro James, quien según la causa impulsó las escuchas ilegales a un familiar de víctimas del atentado a la Amia, Sergio Burstein, y al cuñado de Mauricio Macri, entre otros.

  El próximo 16 de febrero habrá audiencias de apelación de las ampliaciones de procesamientos de James y el detenido ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Palacios ante la Cámara Federal. Como el mismo Oyarbide admitió a la prensa durante enero, es posible que cite a Mauricio Macri a declarar en calidad de indagado en la causa, debido al tenor de las escuchas hechas a su cuñado que constan en la causa.

  En otra investigación también a cargo de Oyarbide, en febrero la palabra la tendrán las Cámaras Federal y de Casación penal, que tienen que decidir distintos recursos planteados por los detenidos del caso, como el sindicalista bancario Juan José Zanola, quien reclama su excarcelación o prisión domiciliaria. Casación tendrá que dirimir además una polémica desatada con la excarcelación de la mujer de Zanola, Paula Aballay, resuelta por la sala I de la Cámara Federal durante la feria y objetada por el fiscal Germán Moldes.